Los diputados nacionales de Encuentro Federal, Esteban Paulón y Mónica Fein, presentaron un proyecto de ley que apunta a incluir a los asesores presidenciales en la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales, tal como establece la Ley de Ética Pública para otros funcionarios del Estado. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación sobre la influencia de ciertos asesores en áreas clave de la gestión pública y su exención de los controles de transparencia que aplican a otros cargos de alta dirección.
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La propuesta, impulsada principalmente por la influencia de Santiago Caputo, asesor de Javier Milei en áreas sensibles como Justicia, Inteligencia y empresas públicas, busca cerrar vacíos en la Ley de Ética Pública. Los legisladores sostienen que figuras de gran poder, aunque sin cargos formales, deben rendir cuentas sobre su patrimonio, como cualquier otro funcionario, antes, durante y después de ejercer sus funciones en el Gobierno.
El proyecto sugiere modificar la Ley 25.188, incorporando a los asesores y consultores que ejerzan funciones delegadas por el presidente o que asesoren en temas de alta dirección pública, obligándolos a cumplir con las mismas obligaciones de transparencia que el titular del Ejecutivo. Esto incluye la presentación de declaraciones patrimoniales y la gestión de intereses de manera pública, especialmente en casos donde las decisiones afectan áreas de gran impacto económico y político.
“Es imprescindible que los asesores de alta dirección, especialmente aquellos con influencia en el diseño y ejecución de políticas clave, rindan cuentas al igual que otros funcionarios,” explicaron los legisladores en los fundamentos del proyecto. Según Paulón y Fein, la falta de supervisión sobre el patrimonio de estas figuras plantea un riesgo de conflictos de interés y limita el escrutinio público sobre el ejercicio del poder en el entorno presidencial.
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La iniciativa también prevé la obligación de declaración jurada para asesores cuyo salario supere un cierto umbral, asegurando que aquellos con responsabilidad directa sobre decisiones estratégicas y con acceso a información privilegiada se encuentren bajo un régimen de control similar al de los ministros y otros funcionarios de alta jerarquía. Este esfuerzo, afirman sus impulsores, fortalecerá el sistema democrático y contribuirá a una gestión pública más ética y transparente.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: X (@DiputadosAR)
