La ley alcanzará a varios organismos e instituciones, incluyendo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Geológico Minero (Segemar).
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También figuran la Administración Nacional de Laboratorios (Anlis), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (Citedef), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Área de Investigación y Desarrollo de las Universidades Nacionales y todo aquellos organismos e instituciones que se creen para los mismos fines.
El proyecto «garantiza la continuidad del funcionamiento de los organismos e instituciones mencionados» que «no podrán ser sujetos de privatización, tercerización de actividades, ni cancelación de programas».
Finalmente, también se advierte que «no podrá reducirse el porcentaje de financiamiento presupuestario destinado al sostenimiento de los organismos/instituciones» enumerados
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