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Chubut

Imputaron a otro ex funcionario del Ministerio de Familia en la causa de la Emergencia Climática

Se trata de Cristian Orsi, que se desempeñaba como director de administración en esa cartera en abril del 2017 cuando un temporal afectó seriamente a la ciudad petrolera. Esta acusado de administración fraudulenta en contra del erario público por la compra de 1500 botellas de agua mineral de un litro y medio con un sobreprecio de casi un 200 %. La jueza Mirta Moreno dispuso un plazo de seis meses para la investigación.

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Orsi imputado Emergencia Climática

La jueza Mirtha Moreno dispuso este lunes la apertura de la investigación para el ex director de administración del Ministerio de la Familia, Cristian Orsi, en la ampliación de la causa judicial de los sobreprecios durante el devastador temporal de 2017 en Comodoro.

En el segundo tramo de la audiencia en la Oficina Judicial de Rawson, que había comenzado el viernes, la magistrada estableció un plazo de seis meses para el trabajo de los fiscales.

La imputación de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez es la de administración fraudulenta en contra de la administración pública por la compra de 1500 botellas de agua mineral de un litro y medio con un sobre costo de casi un 200 por ciento. Por la compra se erogaron 57 mil pesos cuando se podría haber hecho a un proveedor mayorista a sólo $ 20 mil.

Los querellantes de la Unidad Anticorrupción del Ministerio público fiscal del Chubut, los diputados del Frente para la Victoria y la Fiscalía de Estado adhirieron al pedido de los fiscales.

El fiscal general Omar Rodríguez explicó que “este funcionario fue incorporado a la causa porque se le atribuye haber participado junto a Diego Correa y Diego Luthers en la emblemática compra de las botellas de agua, en el marco de la Emergencia Climática, a este Kiosko Emanuel de Trelew”.

“Investigamos el sobre precio y el hecho que la compra estuvo claramente direccionada porque en el análisis de las llamadas surgen que Luthers tenía comunicaciones con Correa para enviarles las órdenes de compra y para que gestionara con el ministro de Economía el pago a Cecilia Sadaba que era la titular del Kiosko Emanuel”, puntualizó.

“Estas compras directas estaban exceptuadas por los decretos de la Emergencia Climática”, aclaró Rodríguez.

Lo que nosotros decimos es que una persona que administra, maneja y cuida bienes ajenos, debe lograr el mejor interés para la sociedad para la que trabaja, en este caso la administración pública. Esta persona tenía en sus manos comprar el agua a un menor precio, porque tenía a Friosur dentro de los proveedores, pero sin embargo no lo hizo y contrató a un kiosko que ni siquiera tenía stock porque el propio tuvo que ir a comprarle a Friosur el agua y se la revendió al Estado, lo que ocasionó un perjuicio”, fundamentó.

“Si bien el perjuicio no es grande, lo que muestra este caso es la falta de fidelidad de este funcionario en connivencia con el particular, en el marco de la administración de bienes ajenos”, recalcó.

“Ellos tienen facultades de contratar a terceros, pero tienen la obligación de buscar el mejor resultado, el mejor precio, y no contratar a cualquier precio porque son allegados, conocidos o porque le indican. Ese es el meollo de la cuestión”, cuestionó.

Recordó que “Orsi era jefe de compras del ministerio de la Familia (que dirigiría Leticia Huichaqueo)”.

“Entendemos que la selección del kiosko es una decisión de Correa y Luthers porque del análisis se desprende que se pasaban las órdenes de compra para que el ministro Oca agilizara los pagos. Todos los imputados, ya sea Sadaba, Finiguerra, Casa Maza, El Agrícola, estaban relacionadas con el direccionamientos de las contrataciones directas y el tráfico de órdenes de pago”, especificó.

“Además coinciden con las comunicaciones entre Luthers y Correa sobre las fechas de depósito del dinero y los días en que debía retornar el dinero”, remarcó.

La defensa de Orsi fundamentó que el ex funcionario recibía órdenes de superiores: “no declaró, cambiaría la situación si él contara la situación, si lo hizo por motus propio. Pero nosotros creemos que hubo un acuerdo entre los otros funcionarios, siempre que pasara por las manos de Correa”, consideró Rodríguez.

 “Ahora si lograra explicar porque eligieron un kiosko que no tenía características de un proveedor con capacidad y evitaron a otros como La Anónima y Friosur, que sí tenían agua en stock, distinta sería la situación”, justificó.

“Estamos hablando que Emanuel le compró el agua a Friosur a 20 mil pesos y se la revendió el mismo día al Estado por 57 mil pesos. Si hubiera habido un funcionario que cuidara los intereses de la provincia se hubieran ahorrado 37 mil pesos. El perjuicio no es grande, pero es bien emblemático y muestra como un funcionario haciendo uso y abuso viola los deberes a su cargo”, reprochó el fiscal.

“Nos concentramos en la lista de Luthers respecto de las coincidencias y los imputados  que hay en esta causa. Cuando uno analiza de Luthers, es muy fiel al resto de las pruebas, por eso le damos una credibilidad y un peso importante”, sostuvo Rodríguez.

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