La Justicia formalizó cargos contra una residente de Estados Unidos acusada de someter a servidumbre a la cuidadora de su madre, captada en Corrientes cuando tenía 14 años.
La Unidad Fiscal Rosario imputó a una mujer que reside en Los Ángeles por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, en perjuicio de la cuidadora de su madre. Según la investigación, la víctima fue captada en Corrientes en 2003, trasladada a Rosario con promesas educativas y obligada a realizar tareas domésticas sin remuneración durante 22 años.
La explotación se habría extendido hasta el 2 de octubre pasado, cuando un allanamiento de la Policía Federal permitió cesar la situación. La fiscal Adriana Saccone y las coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García formalizaron la imputación ante el juez Román Lanzón, que consideró acreditados indicios de servidumbre y vulnerabilidad extrema.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la acusada tomó el control de la casa en 2022 y continuó la explotación a distancia mediante 16 cámaras de seguridad y un teléfono celular entregado a la víctima. La mujer, hoy de 37 años, no fue escolarizada, no tuvo salario ni cobertura social, y cumplía jornadas completas sin descansos ni posibilidad de vínculos por fuera del domicilio.
LEE TAMBIÉN | Recuperan una moto robada y detienen a dos acusados en Haedo
La investigación detalla que la captación ocurrió en un contexto de extrema pobreza familiar. Una allegada convenció a la madre de la joven, que no sabía leer, de firmar en una escribanía la autorización del traslado bajo la promesa de que su hija estudiaría. Ninguna de esas condiciones se cumplió y la adolescente comenzó a trabajar en la vivienda del barrio Martin.
El MPF sostuvo que existe abundante evidencia: testimonios de vecinos, informes de organismos oficiales, evaluaciones de equipos interdisciplinarios y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. Los registros de ANSES y ARCA confirman que la mujer no tuvo actividad laboral ni aportes previsionales en más de dos décadas.
El juez rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y dispuso medidas cautelares no privativas de libertad para la imputada, como fijar domicilio en Estados Unidos, presentarse mensualmente en el consulado argentino, evitar contacto con la víctima y no interferir con la investigación.
