Un informe de la PROCUVIN reveló que en 2025 fallecieron 48 personas detenidas, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior y alcanza niveles prepandemia.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), dirigida por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, presentó su reporte anual sobre la mortalidad en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El documento arroja una cifra preocupante: 48 decesos registrados durante el 2025, un número que marca un «notable incremento interanual» en comparación con las 40 muertes contabilizadas en 2024.
De acuerdo con el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía, este ascenso del 20% no se explica únicamente por el crecimiento de la población carcelaria. El informe advierte que factores propios de las condiciones de encierro y el deterioro de la calidad de vida institucional juegan un rol determinante en la salud y seguridad de los internos.
La distribución geográfica de los fallecimientos muestra una fuerte concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde ocurrieron el 67% de los casos. El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza encabeza la lista con 15 muertes, triplicando la cifra del penal de Marcos Paz, que registró cinco decesos. Esta disparidad resalta la vulnerabilidad extrema en ciertos establecimientos específicos.
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Respecto a las causas, el 70,8% de las muertes fueron tipificadas como «no traumáticas», relacionadas principalmente con padecimientos de salud como cuadros respiratorios e infecciosos. No obstante, las muertes «traumáticas» o violentas mantuvieron un crecimiento sostenido desde 2021, alcanzando 14 casos en el último año, con las quemaduras y el ahorcamiento como las causales más frecuentes.
Un dato alarmante del reporte es el aumento de la mortalidad entre mujeres y personas travesti-trans. Tras dos años sin registrar víctimas en este grupo, el 2025 cerró con cuatro mujeres y una persona trans fallecidas. Además, la PROCUVIN identificó que los momentos de mayor riesgo para los detenidos se sitúan en los extremos del tiempo de condena: durante el primer año de encierro o tras superar los seis años de institucionalización.
El informe concluye que, aunque la población penal no ha crecido en la misma proporción que la tasa de mortalidad, las cifras han retornado a los niveles críticos previos a la pandemia de COVID-19. La fiscalía especializada continuará con el monitoreo de estas series estadísticas para profundizar en las circunstancias y modalidades de estos fallecimientos en busca de mitigar la violencia institucional.
