La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevas evidencias vinculadas a compras de artículos tecnológicos que habrían sido abonados con tarjetas de crédito pertenecientes a dos empleados de la Vocería Presidencial. La fiscalía busca completar el análisis patrimonial antes de requerir al funcionario que justifique el origen de sus bienes y gastos.
Según la causa que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita, las operaciones corresponden a un monitor gamer y dos proyectores para videojuegos adquiridos en agosto de 2025 mediante la plataforma Mercado Libre por un total de $5.848.589. La documentación incorporada al expediente indica que el monitor Samsung Odyssey OLED G8 4K de 27 pulgadas fue abonado con una tarjeta de crédito a nombre de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales.
Los dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, valuados en $1.831.795 cada uno, fueron pagados con tarjetas pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno, también dependiente de la estructura de la Vocería Presidencial. Además, la Justicia analiza otra compra realizada a nombre de Gisela Kocsis en la firma Industria Argentina del Descanso S.A. (Rosen The Store), por un monto superior a los $8,18 millones.
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La pesquisa también puso bajo la lupa otros gastos atribuidos a Adorni detectados a partir del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien participó en la remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Entre los elementos incorporados al expediente figura la adquisición de un flipper de colección de «Los Locos Addams», valuado en unos 8.000 dólares, destinado a esa vivienda.
El expediente se encuentra en una etapa de consolidación de pruebas patrimoniales. La Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) trabaja en la comparación entre las declaraciones juradas presentadas por Adorni y los gastos detectados durante la investigación, con el objetivo de determinar si existe un desfasaje entre sus ingresos declarados y su patrimonio.
Como parte de las medidas de prueba, la fiscalía solicitó informes a billeteras virtuales, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al country Indio Cuá, a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y a distintos organismos especializados. Con esa información, el fiscal buscará completar el requerimiento de justificación patrimonial, paso previo a una eventual citación a declaración indagatoria.
FUENTE: Infobae.
IMÁGEN: Infobae.
