La Oficina Anticorrupción presentó pruebas clave en la causa que investiga la compra irregular de alimentos para comedores sociales. Se sospecha que las facturas fueron falsificadas para desviar recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables.
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La investigación sobre comedores fantasma durante la administración de Alberto Fernández dio un giro significativo esta semana con la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA), que presentó pruebas clave en el expediente a cargo del fiscal Ramiro González. La causa se centra en la posible defraudación al erario público y el abuso de autoridad por parte de organizaciones sociales que recibieron fondos del Ministerio de Desarrollo Social, pero aparentemente no distribuyeron los alimentos a los comedores que declararon.
Las pruebas revelan irregularidades en las rendiciones de gastos de las organizaciones sociales encargadas de los comedores, particularmente en las compras de alimentos en comercios ubicados a miles de kilómetros de los comedores, como es el caso de compras realizadas en Puerto Madryn, Chubut, para comedores en el norte y centro del país. Entre los ejemplos más llamativos se encuentran compras de productos como muzzarella, queso cremoso y carne que fueron adquiridos por la Asociación Civil 18 de Mayo a comercios de las provincias del sur, pero destinados a comedores en provincias como Santa Fe, Salta, Jujuy y Formosa, entre otras.
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Estas transacciones irregulares no solo generan dudas sobre la distribución de los alimentos, sino que también apuntan a la posibilidad de que se tratara de facturas falsas utilizadas para desviar los fondos públicos, sin la debida logística de transporte que habría sido necesaria para trasladar los productos a cientos de kilómetros de distancia. La OA también denunció la falta de control por parte del Estado, que no verificó si los comedores recibieron los alimentos que las organizaciones aseguraban haber comprado.
El caso ha suscitado gran preocupación, ya que el dinero otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social estaba destinado a alimentar a las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que una parte significativa de esos recursos podría haberse desviado para fines ajenos a los comedores, con la complicidad de algunos funcionarios públicos que omitieron realizar los controles correspondientes.
La Oficina Anticorrupción ha solicitado nuevas medidas de prueba y testigos para continuar con la investigación, con el objetivo de determinar si los fondos destinados a la compra de alimentos fueron realmente empleados de manera adecuada y si los comedores denunciados realmente existieron.
Fuente: TN
Foto: Archivo
