Trece órdenes de pago con el membrete de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedaron bajo análisis judicial en una investigación por el presunto desvío de al menos 57 millones de dólares provenientes de ingresos generados en el exterior. La documentación contiene instrucciones para distribuir esos fondos entre empresas y particulares, algunos de ellos vinculados a sociedades que habrían funcionado como estructuras comerciales sin actividad real.
De acuerdo con una investigación de La Nación, cuyos detalles fueron reproducidos por la Agencia Noticias Argentinas, los comprobantes fueron secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo. Las órdenes estaban dirigidas a TourProdEnter, la firma vinculada al empresario Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette, y disponían transferencias a 63 sociedades y dos personas físicas por cuenta y orden de la AFA.
Entre los principales destinatarios aparecen cuatro compañías registradas como LLC en Florida, Estados Unidos: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Según la información publicada, esas firmas recibieron en conjunto más de 42 millones de dólares y compartían domicilio en un edificio de oficinas de Miami. Además, fueron disueltas del registro societario de Florida dos días después de que el diario revelara su existencia.
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El circuito de pagos también incluyó transferencias a otras firmas, entre ellas Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export. La documentación incorporada a la investigación menciona, además, a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como “El Brujo” de la Selección argentina, quien habría recibido 340.000 dólares desde cuentas de TourProdEnter entre 2024 y 2025.
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es la firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la AFA, que aparece en las órdenes de pago. Sin embargo, allegados al exdirectivo aseguraron que la rúbrica fue falsificada y señalaron que, durante el período en que se realizaron las transferencias, León ya no ocupaba el cargo ejecutivo, sino que se desempeñaba como asesor de la entidad.
Ante la consulta de La Nación, la AFA sostuvo que el asunto se encuentra en manos de la Justicia y que deberá resolverlo el Juzgado Federal de Campana. Los investigadores deberán cotejar los documentos con movimientos bancarios y facturas mediante pericias contables para establecer quién elaboró y autorizó las órdenes, quién dispuso las transferencias y qué controles se aplicaron sobre las sociedades y personas que recibieron los fondos.
Fuente: Noticias Argentinas.
