El Parlamento israelí (Knéset) inició este lunes 30 de marzo la votación de un proyecto de ley que convertiría la pena de muerte en el castigo por defecto para los palestinos de Cisjordania condenados por asesinato de israelíes. La iniciativa es impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y su partido religioso, crucial dentro de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu.
Ben-Gvir promovió la medida luciendo una horca en miniatura en la solapa y declaró: «Con la ayuda de Dios, implementaremos plenamente esta ley y eliminaremos a nuestros enemigos». La legislación prevé que la pena de muerte entre en vigor en un plazo de 30 días y que las ejecuciones se realicen dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, sin contemplar clemencia.
El proyecto ha generado críticas de israelíes, palestinos y organismos internacionales, incluidos Naciones Unidas y grupos de derechos humanos, que lo califican de racista y draconiano. Según Amichai Cohen, el proyecto establece que solo los palestinos serán procesados, mientras que los israelíes no enfrentarían esta legislación, lo que crea una jerarquía discriminatoria.
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Aunque Israel contempla la pena de muerte para delitos graves como genocidio o espionaje en tiempos de guerra, no ha ejecutado a nadie desde 1962, cuando se aplicó a Adolf Eichmann. El proyecto no se aplicaría retroactivamente a los militantes detenidos por el ataque del 7 de octubre de 2023, aunque podría afectar futuras negociaciones de rehenes.
Gobiernos europeos como los de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido instaron a Israel a abandonar el proyecto, señalando que su aprobación podría socavar los principios democráticos y el compromiso internacional del país con los derechos humanos.
El debate en la Knéset refleja la creciente influencia de la ultraderecha israelí y plantea tensiones legales y diplomáticas en torno a la ocupación de Cisjordania y la aplicación de la justicia en territorios no soberanos.
Fuente: DW.
