La Fiscalía sostiene que el exsecretario general transfirió más de $22,7 millones de las cuentas sindicales a cuentas personales y de sus hijos entre 2019 y 2023. El debate oral y público se desarrolla en Rawson y busca determinar su responsabilidad penal.
El juicio oral y público contra Guillermo Quiroga, acusado de administración fraudulenta por el presunto desvío de fondos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Chubut, comenzó este lunes en la Oficina Judicial de Rawson. La jueza Karina Breckle declaró abierto el debate a las 9, luego de resolver planteos previos de la defensa. La acusación está a cargo del fiscal general jefe Lucas Agustín Papini, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), con la intervención de dos querellas. El abogado Oscar Romero representa al acusado.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Quiroga habría transferido $22.765.769 a sus propias cuentas bancarias entre agosto de 2019 y mayo de 2023, período en el que estuvo al frente del sindicato. Los movimientos investigados incluyen cuentas del Banco Galicia, BBVA y Banco del Chubut, además de transferencias destinadas a las cuentas de sus tres hijos. Los fondos involucrados corresponden al patrimonio sindical, integrado por las cuotas y los aportes de los afiliados.
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Durante su alegato de apertura, Papini sostuvo que parte del dinero se habría utilizado para pagar tarjetas de crédito personales, realizar compras con tarjeta de débito, adquirir bienes muebles, abonar membresías en asociaciones deportivas y comprar pasajes al exterior. Para respaldar la acusación, la Fiscalía anunció que presentará documentación, testimonios y una pericia contable sobre la evolución patrimonial del imputado.
De acuerdo con ese informe, los ingresos legítimos atribuidos a Quiroga durante el período analizado fueron de $13.325.936,33, mientras que sus egresos alcanzaron los $30.338.917,90. La Fiscalía sostiene que la diferencia se corresponde con los fondos sindicales que habrían ingresado en sus cuentas. También anticipó que la defensa podría argumentar que las transferencias fueron compensaciones, gastos de representación o reintegros, aunque afirmó que el acusado no cobraba sueldo ni viáticos del gremio, conservaba su salario como empleado del Ministerio de Salud y no presentó las rendiciones de gastos exigidas por el estatuto de ATE.
La acusación encuadra los hechos en el delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal. La Fiscalía considera que el presunto perjuicio económico superó los $22 millones y que habría existido un beneficio para Quiroga y sus hijos. Tras los alegatos iniciales, comenzó la declaración de testigos propuestos por la acusación. El proceso continuará con la incorporación de testimonios, documentación y peritajes antes de que la Fiscalía solicite una definición sobre la responsabilidad penal del acusado.
Fuente y foto: Ministerio Público Fiscal.
