La próxima semana comenzará a definirse en la Corte de Apelaciones de Nueva York el futuro del juicio por la expropiación de YPF, un caso que podría costarle a la Argentina USD 16.000 millones. El tribunal deberá determinar si el fallo de la jueza Loretta Preska, dictado en 2023, fue correcto al condenar al Estado argentino por la forma en que expropió la petrolera en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio y dueño de los derechos de litigio, difundió un comunicado en el que sintetizó la evolución del caso “para comodidad de los inversores” y advirtió sobre la incertidumbre que rodea la causa.
“Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, indicó el fondo, que insistió en la necesidad de que la Argentina se siente a negociar.
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Burford señaló además que “subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales en otras jurisdicciones”.
En otro tramo del comunicado, el bufete destacó que “las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias”, lo que fue interpretado como una invitación a buscar un acuerdo. Sin embargo, el texto aclara que “en caso de existir negociaciones o conversaciones tendientes a un acuerdo en el caso YPF, no se realizará comunicación pública alguna sobre ellas hasta su conclusión”.
El documento también ofrece una cronología del estado de la causa, en la que se detalla que las partes dispondrán de 30 minutos de exposición oral cada una para argumentar sus posiciones ante la Corte de Apelaciones.
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Burford recordó que el Gobierno de Estados Unidos no ha adoptado posición sobre la apelación principal y que, tras la audiencia oral, el Segundo Circuito deliberará y redactará una opinión sobre el caso, sin un plazo definido para emitir sentencia.
“Es importante tener presente que Argentina suele intentar demorar los procesos judiciales y, si bien esos intentos no siempre tienen éxito, es posible que se le concedan prórrogas respecto de algunos de los plazos”, advirtió el fondo.
El comunicado cierra con un recordatorio de que el fallo de Preska es ejecutable desde enero de 2024, dado que la Argentina no cumplió las condiciones para suspender su ejecución. En paralelo, continúan en curso causas accesorias que buscan embargar activos del Estado o reabrir el debate sobre si YPF y el Estado argentino actúan como una misma entidad.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
