La Casa Rosada se prepara para la audiencia del martes por el juicio con Burford y Eton Park. Buscan frenar el acceso a activos mientras avanza la apelación ante la Corte.
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El Gobierno argentino acelera su estrategia legal de cara a la próxima audiencia judicial por el caso YPF, que se llevará a cabo este martes en el tribunal del distrito sur de Nueva York. En esa instancia, se debatirá el acceso a documentación confidencial (discovery) que reclaman los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park, en busca de activos embargables para cobrar una sentencia de US$ 16.100 millones.
La Procuración del Tesoro mantiene reuniones internas para definir los escritos y la defensa técnica, mientras que desde Casa Rosada ratificaron que no brindarán ninguna garantía de entrega de acciones mientras el proceso de apelación siga en curso. Esta semana, el Gobierno presentó el último descargo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito en Nueva York.
La jueza Loretta Preska dio dos semanas a las partes para intercambiar propuestas y definir qué documentos pueden compartirse, tras un encuentro anterior marcado por tensiones. Desde el Ejecutivo insisten en que no negociarán de forma privada con los fondos fuera del ámbito judicial.
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Los demandantes buscan que se confirme judicialmente que YPF y el Estado argentino son lo mismo, lo que les permitiría embargar bienes públicos. Para evitarlo, la estrategia legal del oficialismo apunta a cerrar todos los caminos que habiliten ese acceso a información sensible.
En paralelo, el tribunal de alzada deberá resolver si acepta suspender la entrega de acciones de YPF mientras continúa la apelación, algo que Argentina considera clave. Si el fallo es desfavorable, el Gobierno anticipó que recurrirá de forma urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos, última instancia judicial posible.
El oficialismo también celebró la decisión de dividir la causa en cuatro apelaciones diferentes, entre ellas la que aborda el fallo de fondo por la estatización de 2012. La audiencia oral sobre esa sentencia se realizará la semana del 27 de octubre, luego de las elecciones legislativas del 26 de ese mes.
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El equipo legal del presidente Javier Milei sostiene que Preska excedió su jurisdicción al ordenar la entrega de activos argentinos. Temen que, si los fondos acceden a vender acciones de YPF, el daño sea irreversible aun si Argentina gana la apelación.
En medio del litigio, el Gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae en respaldo a la Argentina. Sin embargo, Burford rechazó esa intervención y exige que el país deposite garantías si desea continuar apelando.
Además, el titular de la Procuración, Santiago Castro Videla, inició una reestructuración interna tras detectar posibles filtraciones de información confidencial hacia los demandantes. En Balcarce 50 aseguran tener “fuertes indicios” de la venta de datos sensibles sobre YPF.
Fuente: TN
Foto: Archivo
