La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó el miércoles el pedido del Gobierno argentino de evitar la entrega de correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Ante la decisión, Argentina evaluaría apelar el fallo.
En su resolución, Preska explicó que, aunque el Estado argentino no posee ni custodia los dispositivos solicitados, sí ejerce “control” sobre las comunicaciones relacionadas con funciones oficiales. La magistrada recordó que las mociones de reconsideración suelen ser denegadas, salvo que la parte solicitante pueda demostrar errores decisivos en el fallo inicial.
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El Gobierno había solicitado el 6 de agosto que se reconsiderara la orden, argumentando que los dispositivos y cuentas personales pertenecen exclusivamente a los funcionarios individuales y no al Estado, y que la ley argentina garantiza la propiedad privada de esos aparatos y cuentas. La Procuración del Tesoro destacó que los demandantes no demostraron que Argentina tenga la “autoridad o capacidad práctica” para acceder a ellos.
El pedido de los fondos demandantes apunta a probar que entidades como el Banco Central, Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Enarsa funcionan como “alter ego” del Estado, con el objetivo de facilitar futuros embargos de activos soberanos. Entre los funcionarios afectados figuran Luis Caputo y Sergio Massa, quienes habrían utilizado plataformas personales para realizar funciones públicas.
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El proceso de discovery, iniciado el año pasado, sigue generando tensiones diplomáticas y legales. El caso mantiene el foco internacional sobre la Argentina y marca un precedente en la interpretación de la jurisdicción estadounidense frente a la protección de información de funcionarios y exfuncionarios en litigios contra el Estado.
