La oposición denuncia protección política a laboratorios involucrados en la venta de fentanilo adulterado que causó más de 70 muertes, mientras el kirchnerismo retira el quórum para investigar el caso en Diputados.
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La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un fuerte cruce político tras el retiro del quórum solicitado para conformar una comisión investigadora que esclarezca el escándalo del fentanilo contaminado, un tema que ya registra al menos 76 muertes vinculadas al uso clínico de este medicamento adulterado. La iniciativa impulsada por la diputada Silvana Giudici (PRO) buscaba investigar las responsabilidades sanitarias, empresariales y políticas detrás de la tragedia, pero el bloque kirchnerista se negó a tratarla, evidenciando una protección hacia laboratorios señalados, como Ramallo SA y HLB Pharma Group SA.
El fentanilo adulterado fue producido por estas firmas, que la ANMAT suspendió en mayo de 2025 tras detectarse la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en un lote del medicamento, provocando cuadros infecciosos severos en pacientes, principalmente en terapia intensiva. Las firmas realizaban millonarios negocios con municipios y obras sociales sindicales, muchos vinculados a dirigentes del conurbano bonaerense.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, investiga el caso, donde Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios y con vínculos con sectores kirchneristas, aparece entre los principales sospechosos. Pese a la gravedad del hecho, el oficialismo bloqueó la formación de una comisión parlamentaria que exigía transparencia en el proceso y que buscaba analizar la cadena de producción, comercialización y control del fentanilo adulterado.
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En medio de la polémica, la diputada Giudici denunció que “el kirchnerismo no quiere tratar el tema del fentanilo” y acusó conexiones políticas que facilitaron el encubrimiento. El proyecto presentado incluía además investigar la responsabilidad de intermediarios, funcionarios y organismos de control, así como elaborar recomendaciones para prevenir futuras crisis sanitarias.
El rechazo a la comisión se produjo el mismo día que la Cámara Baja aprobó proyectos clave como la emergencia sanitaria pediátrica y el aumento de financiamiento universitario, lo que generó contraste entre la atención a otras problemáticas y la falta de interés en abordar el escándalo del fentanilo.
Este caso desnuda no solo una crisis sanitaria sin precedentes, sino también la influencia política y empresarial que puede interferir en la protección del derecho a la salud pública. La ausencia de controles efectivos y la supuesta complicidad entre sectores políticos y empresariales mantienen a la sociedad en incertidumbre sobre la transparencia y justicia en este asunto.
Fuente: Infobae
Foto: Archivo
