La central obrera acudió a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de la nueva ley impulsada por el Gobierno. El planteo quedó en manos del juez Enrique Lavie Pico y cuestiona que la norma vulnera derechos laborales garantizados por la Constitución.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este jueves una presentación judicial para intentar frenar la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso. La central sindical interpuso un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del magistrado Enrique Lavie Pico, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la nueva normativa.
El escrito fue firmado por el triunvirato que conduce la CGT junto a dirigentes de distintos gremios que integran la central obrera. La iniciativa judicial se produce pocos días después de que el Senado otorgara sanción definitiva a la reforma laboral, impulsada por el Gobierno nacional, aunque la ley todavía no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
La acción judicial llega además tras la movilización que la CGT realizó el lunes pasado hacia el Palacio de Tribunales, donde los sindicalistas anunciaron su decisión de recurrir a la Justicia para cuestionar la legalidad de la norma. En ese contexto, uno de los cosecretarios generales de la central, Jorge Sola, sostuvo que el reclamo busca garantizar el respeto de la Constitución Nacional y los derechos laborales vigentes.
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En el documento presentado ante el tribunal, la CGT argumenta que la reforma laboral vulnera el artículo 14 bis de la Constitución, que establece garantías fundamentales para los trabajadores. Según la central sindical, la nueva legislación afecta derechos vinculados a la protección contra el despido arbitrario, la negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho a huelga y el sistema de seguridad social.
El planteo también cita normas internacionales con jerarquía constitucional, entre ellas convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica. De acuerdo con el texto difundido por la central obrera, la reforma implicaría un retroceso en derechos laborales ya consolidados, lo que violaría el principio de progresividad o no regresión reconocido en el derecho internacional.
Entre los puntos más cuestionados por la CGT se encuentran cambios en la jornada laboral, que según el sindicato permitirían extender el tiempo de trabajo hasta 12 horas diarias, la eliminación del pago de horas extras y modificaciones en el sistema de indemnizaciones por despido. En este último aspecto, la central advierte que la normativa habilitaría el pago en cuotas mediante el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
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Además, el amparo cuestiona la eliminación de sanciones para empleadores que incumplan con aportes y contribuciones laborales. Para la central obrera, estas modificaciones reducen la protección de los trabajadores y alteran el equilibrio que debe existir entre las partes en la relación laboral.
La presentación quedó ahora bajo análisis del juez Lavie Pico, quien ya había intervenido en otros conflictos vinculados con reformas impulsadas por el Ejecutivo, como el decreto de desregulación dictado a comienzos de 2024. La resolución que adopte el tribunal podría marcar un nuevo capítulo en la disputa judicial por la reforma laboral.
Fuente: TN
Foto: Archivo
