Este viernes, la Comisión Contra la Impunidad y por la justicia, presentó un instrumento legal ante el Consejo de la Magistratura para denunciar a la Fiscal General de Rawson, Dra. María Florencia Gómez, por mal desempeño en sus funciones.
Esta denuncia se funda en su inacción y mal desempeño en la causa que tiene por víctimas de violencia institucional a las y los luchadores sociales Jairo Rodrigo Epulef, Roberta Gogorza, Leonardo Federico Silva, Fabiana Cartolano, Juan Salvador Gigirey y Noelia Silva, (Legajo de Investigación en el Ministerio Público Fiscal N° 20.881).
Los graves hechos denunciados en esa causa comenzaron con una serie de detenciones ilegales que se dieron la madrugada del día 6 de diciembre de 2019 cuando estas personas se manifestaban frente a la legislatura de Chubut. Tras su captura, la La Comisión Contra la Impunidad indicó que «los detenidos fueron víctimas de golpes, tortura y amenazas por parte del Comisario Juan García, a cargo del operativo, y de personal a sus órdenes. Una de esas amenazas consistió en advertir a los manifestantes que les sucedería “lo mismo que a Santiago Maldonado”«.
Al día siguiente de los hechos se radicaron dos denuncias en fiscalía, una por parte de las víctimas de violencia institucional denunciando a los reconocidos miembros de la fuerza policial por estos gravísimos hechos, y otra iniciada por miembros de la policía provincial acusando a las y los manifestantes por supuesta resistencia a la autoridad y lesiones.
Además, la Comisión Contra la Impunidad sostuvo que «solo una de estas causas avanzó. La apertura de investigación de la causa contra los manifestantes fue inmediata, así como la realización de la etapa preliminar y de la acusación fiscal, que finalizó con un sobreseimiento general en la audiencia preliminar pues la fiscalía no pudo probar, ni siquiera provisoriamente, que la imputación merecía llegar a juicio».
Además expresaron: «Sin embargo a la causa en la que se debiera investigar hechos de gravedad institucional como lo es la tortura, la fiscal Gómez hasta el momento de realizar la presente denuncia de este viernes, habiendo pasado más de dieciséis meses de los hechos que dieron origen a la causa, ni siquiera ha realizado la apertura de la investigación, dilatando de un modo alarmante el cumplimiento de los deberes de su cargo».
«La gravedad de la inacción fiscal en esta causa nos interpela a tomar todas las medidas a nuestro alcance para desbaratar la garantía de impunidad que el ministerio público fiscal más de una vez pretende asegurarle a las fuerzas policiales», declararon.
Por último, desde la Comisión Contra la Impunidad indicaron: «Las víctimas de la violencia institucional al denunciar a fuerzas estatales, se enfrentan a una terrible maquinaria de poder y es obligación del estado y de sus organismos de control como lo es el consejo de la Magistratura ponerle coto a estas prácticas violatorias de los derechos humanos y no seguir perpetuando la impunidad».
