La Corte aprobó un protocolo que podría beneficiar a represores

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Actualizado: 08:55 16/11 | downtack.com

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un nuevo protocolo médico que unifica los criterios para evaluar pedidos de prisión domiciliaria por razones de salud. La medida quedó formalizada este lunes con la publicación de la Resolución 2867/2026 en el Boletín Oficial y podría beneficiar a represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich, quienes actualmente cumplen sus condenas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El nuevo procedimiento establece pautas para determinar si las condiciones sanitarias de las cárceles permiten brindar la atención médica que necesitan las personas detenidas.

La acordada 21/2026 fue respaldada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, mientras que Ricardo Lorenzetti devolvió el proyecto sin firmar. El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense (CMF) y establece que sus informes técnicos servirán como fundamento para que los magistrados resuelvan cada solicitud.

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El protocolo no dispone automáticamente el otorgamiento de la prisión domiciliaria ni establece nuevas causales para acceder al beneficio. La legislación contempla esa posibilidad para personas enfermas que no puedan recibir un tratamiento adecuado en prisión, quienes atraviesen una enfermedad terminal o presenten situaciones de discapacidad. También existe el supuesto de las personas mayores de 70 años.

Uno de los puntos centrales será la evaluación de los recursos sanitarios disponibles en las unidades penitenciarias. El documento advierte que la existencia formal de un servicio no garantiza que esté efectivamente accesible. Además, establece que el Cuerpo Médico Forense deberá informar sobre las condiciones de atención y ya no se tomarán como referencia principal los relevamientos de organismos como la Procuración Penitenciaria de la Nación.

La Red Nacional de H.I.J.O.S. cuestionó la decisión y sostuvo que constituye una herramienta que podría facilitar la prisión domiciliaria de condenados por crímenes de la última dictadura. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 1.254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado: 436 cumplen arresto domiciliario, 73 permanecen en unidades penitenciarias y otros 58 están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

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