La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la decisión de que Gabriela Vanesa Torres, enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, sea sometida a un nuevo juicio por la presunta sustracción de vacunas contra el COVID-19. El máximo tribunal rechazó los planteos de su defensa y habilitó la continuidad del proceso judicial.
Según la acusación, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, Torres habría sustraído 30 dosis de la vacuna Sputnik V del establecimiento sanitario. La investigación sostiene que las vacunas fueron aplicadas a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros en Chubut que no pertenecían a los grupos prioritarios, presuntamente a cambio de dinero.
Durante la instrucción, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, había procesado a la enfermera por encubrimiento. Sin embargo, en el debate oral la fiscalía modificó la calificación legal y la acusó por hurto. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia la absolvió al considerar que ese cambio afectaba el principio de congruencia y su derecho de defensa.
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La fiscalía apeló y la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución por mayoría. Los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques consideraron que la modificación de la calificación jurídica no alteraba sustancialmente los hechos atribuidos y no impedía que la acusada ejerciera su defensa. Juan Carlos Gemignani votó en disidencia.
La defensa recurrió a la Corte Suprema, que desestimó la presentación. El máximo tribunal consideró inadmisible el planteo relacionado con la prohibición de juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho y señaló que la resolución cuestionada no era una sentencia definitiva ni una decisión equiparable, condición necesaria para habilitar su intervención.
En la causa ya hubo condenas por la maniobra investigada. Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social de Camioneros, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso por cohecho activo, mientras que la enfermera Analía Muñoz fue condenada a tres años de prisión. Además, Casación revocó la suspensión del juicio a prueba concedida a los beneficiarios de las vacunas y ordenó que sean sometidos a juicio oral, entre ellos el exdirigente sindical y exdiputado nacional Jorge Taboada.
