La escasez de patentes en Argentina crece debido a la falta de producción y los ajustes en la Casa de la Moneda. La crisis afecta a autos, motos y vehículos nuevos, que circulan con identificaciones provisionales.
Cada vez son más los autos, motos y vehículos que circulan sin patente en las calles de Argentina. En su lugar, recurren a placas provisorias o, en el peor de los casos, a simples papeles con identificación, una situación que se ha agravado especialmente en los últimos meses. Expertos afirman que la escasez asciende a alrededor de 180 mil patentes, una cifra preocupante que refleja la parálisis en la producción de chapas metálicas.
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La crisis comenzó a visibilizarse en enero de 2025, aunque el problema ya era palpable hacia finales del año anterior. La falta de patentes afecta principalmente a los vehículos 0 kilómetro, que deben salir a la venta con chapas provisionales. Sin embargo, el problema es aún más profundo, ya que no todos los autos tienen estas placas a la vista, lo que complica aún más la situación.
El origen de esta crisis está estrechamente vinculado a los recortes presupuestarios implementados por la administración de Javier Milei. Según Sebastián Bravo, delegado de ATE de la Casa de la Moneda, la falta de chapas se debe al cierre de la planta Torcuato, encargada de la producción de las patentes. Esto ha generado una importante caída en la capacidad de producción, lo que ha dejado a miles de vehículos sin identificación oficial.
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A pesar de los esfuerzos por reactivar la producción y superar los atrasos, los vehículos siguen circulando con documentos provisionales. La situación se complica aún más con la reciente licitación que busca quitarle la producción de patentes a la Casa de la Moneda y entregársela a la empresa Tonnjes Sudamericana SA. Este cambio de proveedor ha retrasado aún más el proceso, afectando tanto a los concesionarios como a los consumidores.
En este contexto, los trabajadores de la Casa de la Moneda denuncian que los ajustes no solo afectan la producción de patentes, sino que también ponen en riesgo la estabilidad laboral de unos 900 empleados. Además, temen que la disolución del organismo sea el siguiente paso de un gobierno que ya ha mostrado su intención de privatizar el proceso. La situación se ha convertido en un tema de debate sobre la soberanía nacional y la seguridad en la emisión de documentos oficiales.
Fuente: Página 12.
