El proceso oral comienza el 6 de noviembre, se realizará de manera virtual y podría extenderse por al menos tres años. Cristina Fernández de Kirchner será juzgada como jefa de una asociación ilícita junto a exfuncionarios, empresarios y choferes.
La Fiscalía General N° 5, encabezada por Fabiana León, publicó un informe detallado sobre la acusación formal en la causa Cuadernos, a días del inicio del juicio oral que tendrá en el banquillo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 86 imputados. El documento de 40 páginas fue difundido por el Ministerio Público Fiscal y define el expediente como “la investigación de corrupción más extensa de la historia judicial argentina”.
En total, la causa elevó a juicio a 91 personas, aunque cuatro fallecieron antes del inicio del debate. Entre los acusados hay 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, con cargos que incluyen asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, lavado de activos y administración fraudulenta.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7, comenzará el 6 de noviembre y tendrá modalidad virtual a través de Zoom, con presencia obligatoria solo en la lectura inicial de la elevación a juicio. Según la planificación judicial, durante lo que resta de 2025 habrá audiencias todos los jueves por la mañana y, desde marzo de 2026, se sumará una segunda jornada semanal.
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La fiscalía ofreció para el debate una prueba de magnitud inédita: 899 testigos, 13 peritajes y 139 medidas de instrucción suplementarias. Además, la investigación derivó en embargos, inhibiciones de bienes y secuestros patrimoniales para evitar que los imputados conserven beneficios económicos derivados del presunto delito.
La causa se originó en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, donde se registraron supuestos traslados de bolsos con dinero entre empresarios y funcionarios del Ministerio de Planificación. Ese registro, junto con testimonios de arrepentidos, derivó en la hipótesis central: la existencia de una red ilegal de recaudación que operó entre 2003 y 2015 desde el Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández es señalada como jefa de la asociación ilícita, mientras que exministros, exsecretarios y empresarios son acusados de haber integrado o financiado la estructura. Se estima que el juicio podría durar, como mínimo, tres años.
