La magistrada de Nueva York resolverá si el país puede evitar entregar acciones de la petrolera para pagar la sentencia de US$16.000 millones, mientras la causa sigue en la Corte de Apelaciones. El Gobierno advierte un daño irreparable.
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La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, anunció que este lunes 14 de julio resolverá si suspende la entrega de acciones de YPF por parte de la Argentina, en el marco del juicio internacional por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión será clave para el futuro del país, que busca frenar la ejecución de la sentencia mientras tramita la apelación ante un tribunal superior.
Preska comunicó a las partes —el Estado argentino y los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park— que dictará una resolución sobre la solicitud argentina para no avanzar con el traspaso accionario mientras se define el fallo final. Aunque el plazo original para entregar las acciones vencía el lunes, la jueza aclaró que solo evaluará si otorga la suspensión y no modificará la orden de fondo.
La Argentina ya presentó formalmente su apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, anticipándose a una posible negativa de Preska. Además, este martes 15 habrá una audiencia separada en la que se debatirá si pueden embargarse activos de empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central, bajo el argumento de que serían «alter egos» del Estado.
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En los escritos presentados ante la justicia estadounidense, el país sostuvo que el cumplimiento de la sentencia violaría la Ley de Expropiación de YPF, que exige aprobación del Congreso con dos tercios de los votos para cualquier cambio en la participación estatal. También advirtió que la entrega de acciones sería irreversible, ya que los fondos adelantaron que planean venderlas de inmediato.
El Gobierno argentino considera que obligar al traspaso generaría un “daño irreparable” a la soberanía nacional y lo forzaría a elegir entre violar su propia legislación o desobedecer un fallo de la justicia extranjera. Desde el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei fue contundente: “Este fallo no tiene aplicación. Para ejecutarlo, se necesita una ley del Congreso, y eso no va a ocurrir”.
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El conflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando la jueza Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones a Burford y Eton Park por no haber ofrecido una compensación a los accionistas minoritarios durante la expropiación. Esa suma, con intereses, ya asciende a US$17.750 millones. El proceso fue iniciado por los fondos tras adquirir los derechos de litigio del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Mientras continúa la disputa legal, la expectativa está puesta en el próximo lunes: si Preska concede la suspensión, los fondos no podrán ejecutar la sentencia hasta que finalice la apelación. De lo contrario, el país podría enfrentar nuevas sanciones y presiones judiciales en el exterior.
Fuente: TN
Foto: Archivo
