El juez Sebastián Casanello ordenó operativos en dos barrios de Nordelta para obtener registros y cámaras de seguridad. El Gobierno, en paralelo, anunció cambios en el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
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La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo, con allanamientos en los barrios La Isla y Golf de Nordelta. El juez Sebastián Casanello ordenó a la Policía de la Ciudad secuestrar registros de ingreso y salida, además de las cámaras de seguridad, en el marco de la causa que compromete a exfuncionarios del organismo.
La medida judicial se produce un día después de la indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta, en una investigación que tiene como principal antecedente los audios filtrados del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se denunciaba un esquema de sobornos vinculados a contrataciones irregulares.
Ante la magnitud del caso, el Gobierno nacional resolvió modificar el sistema de contrataciones del organismo y quitarle la autarquía financiera. Desde la Casa Rosada explicaron que ahora las compras y adquisiciones deberán pasar por el Ministerio de Salud, para evitar que la Agencia ejecute los procesos de forma directa. Según trascendió, la revisión incluirá licitaciones, compras directas y contrataciones por excepción.
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El contrato con la droguería Suizo Argentina se encuentra bajo la lupa de la Justicia y del Ejecutivo. El propio Poder Ejecutivo aseguró que, de comprobarse las irregularidades, se removerá a todos los implicados. La investigación ya llevó al secuestro del celular de Spagnuolo y a la intervención de la ANDIS, a cargo de Alberto Vilches.
En el plano político, la polémica crece en el Congreso. Los funcionarios Lugones y Vilches evitaron concurrir a la citación de las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Discapacidad, lo que disparó críticas de la oposición. Diputados como Pablo Juliano (Democracia Para Siempre) y Sabrina Selva (Unión por la Patria) exigieron explicaciones, apuntando incluso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios. A su vez, Eduardo Valdés pidió la interpelación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por presuntas bajas masivas de pensiones por discapacidad.
Con los allanamientos en Nordelta y los cambios anunciados por el Gobierno, el caso ANDIS se encamina a convertirse en uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial del año, con ramificaciones que alcanzan a funcionarios de primera línea.
Fuente y foto: TN
