Un juez de segunda instancia de Brasil anuló este sábado la suspensión temporal del servicio de mensajería Telegram, determinada la semana pasada por no entregar a las autoridades datos de grupos neonazis que actúan en la plataforma, en el marco de una investigación relacionada con la violencia en escuelas.
El magistrado consideró que la suspensión de la aplicación en todo el país «no es razonable», ya que afecta «la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos investigados», informó en un comunicado el Tribunal Regional Federal-2 (TRF-2), con sede en Río de Janeiro, según consignó la agencia AFP.
De todas formas, decidió mantener la multa de un millón de reales (198.000 dólares) impuesta a la empresa por la primera instancia judicial por cada día que no haya facilitado datos «de todos los usuarios» de canales con contenido neonazi, principalmente de sus administradores.
Tras la decisión judicial del miércoles, Telegram dijo que iba a apelar la suspensión, que llevó a que miles de usuarios no pudieran usar la aplicación en el país.
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«Estamos apelando la decisión y esperamos la resolución final», dijo el jueves el director ejecutivo de Telegram, el millonario ruso Pavel Durov, y prometió defender la «privacidad y la libertad de expresión» de los usuarios, en un comunicado difundido en la plataforma de mensajería
Según Durov, un empresario ruso conocido por fundar la red social VK y desarrollar Telegram junto a su hermano Nikolai, la información solicitada es «tecnológicamente imposible de obtener».
«No importa el costo, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a la comunicación privada», señaló.
El creador de Telegram recordó además otros casos en los que la compañía abandonó mercados, como China, Irán o Rusia, porque las leyes locales eran «opuestas» a sus principios de privacidad o imponían requerimientos «tecnológicamente inviables».
Eso es «preferible a la traición a nuestros usuarios y nuestras creencias», indicó Durov en su mensaje.
El juez que revirtió la suspensión, Flávio Lucas, destacó a su vez que Telegran tuvo «históricamente enfrentamientos con el Poder Judicial» por no responder a las solicitudes de suministro de datos.
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«Las empresas tecnológicas deben entender que el ‘ciberespacio’ no puede ser un territorio libre, un mundo diferente donde rige un nuevo contrato social, con sus propias reglas creadas y gestionadas por los agentes que lo explotan comercialmente. Instituciones y empresas, como la propiedad privada, deben servir a un fin social, deben servir a la evolución y no al retroceso», señaló el magistrado, según el portal G1, de O Globo.
La medida sobre Telegram es parte del impulso contra el aumento de la violencia escolar en Brasil, que fue sacudido por casi dos docenas de ataques o episodios violentos en escuelas desde el 2000, la mitad de ellos en los últimos 12 meses.
Entre ellos, uno en noviembre en el que un hombre con una esvástica clavada en su chaleco disparó y mató a cuatro personas e hirió a 12 en el estado de Espírito Santo, y el asesinato de cuatro niños en una guardería el 5 de abril.
La regulación de las plataformas de redes sociales fue un tema recurrente durante una reunión a principios de este mes entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sus ministros, jueces de la Corte Suprema, gobernadores y alcaldes.
El objetivo es evitar más incidentes, en particular responsabilizar a las plataformas por no eliminar contenido que incite a la violencia.
Fuente: Télam.
