La administración de Biden interviene en el caso de expropiación de YPF, sugiriendo que no se usen acciones de la petrolera estatal para pagar la sentencia contra Argentina.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una declaración de interés ante el tribunal de Loretta Preska en Nueva York, que lleva la causa por la expropiación de YPF, solicitando que no se paguen las sentencias con acciones de la petrolera estatal. Este pedido, dirigido al fondo buitre Bainbridge, marca la posición de la administración Biden de proteger la inmunidad soberana en activos de Estados extranjeros, argumentando que esta medida podría ser un peligroso antecedente para Estados Unidos.
La intervención llega en un momento clave, con el gobierno de Javier Milei tomando posición frente a la sentencia de primera instancia que condena a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Esta decisión judicial a favor de los fondos Bainbridge y Eton Park Capital, y de la familia Eskenazi, involucrada en Petersen Energía, solicitaba un cobro en acciones de YPF que representan el 51% del capital estatal de la empresa.
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El abogado y analista Sebastián Maril señaló que la presentación de diez páginas firmada por el fiscal Damian Williams deja claro que los activos soberanos argentinos en su propio territorio no pueden ser ejecutados para el pago de deudas en Estados Unidos. Aunque la opinión no es vinculante, podría influir en la decisión de la jueza Preska.
En un comunicado, el Gobierno argentino celebró la postura del Departamento de Justicia de EE. UU. como un respaldo a su rechazo de las medidas de cobro solicitadas por los demandantes. Según el comunicado, “Argentina continuará ejerciendo sus derechos de defensa para revertir la decisión de la Corte de Distrito sobre el fondo de la cuestión”.
La disputa legal también reveló que el fondo Bainbridge intentó cobrar otra deuda argentina relacionada con el default de 2001, apuntando a reservas en oro del Banco Central con una acción de discovery, una herramienta legal para rastrear activos. No obstante, esta maniobra también enfrentó obstáculos en el sistema judicial estadounidense.
Fuente: Clarín
Foto: Archivo
