La Justicia federal le dio un duro revés al Gobierno nacional al ordenar el pago inmediato de fondos destinados a universidades públicas y suspender el decreto presidencial que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
El magistrado hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y declaró inaplicable el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había intentado suspender la ejecución de la Ley 27.795, pese a que había sido ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
En su resolución, Cormick sostuvo que la decisión del Ejecutivo presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y advirtió que se incurrió en una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico”, al desconocer la voluntad del Poder Legislativo.
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El fallo remarcó el deterioro de los salarios docentes y de las becas estudiantiles, al considerar que existe un “peligro en la demora” que justifica la urgencia de la medida. Según el juez, la pérdida del poder adquisitivo vulnera derechos laborales protegidos por tratados internacionales y afecta directamente el derecho a enseñar y aprender.
Para rechazar el argumento fiscal del Gobierno, la resolución señaló que el impacto presupuestario de la ley es “poco significativo”. Citando datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, estimó que el costo equivale apenas al 0,23% del PBI, lo que no justifica suspender una norma aprobada por amplia mayoría legislativa.
Finalmente, el juez afirmó que la conducta del Ejecutivo “parece reñida con el principio de división de poderes” y ordenó al Estado Nacional cumplir de manera inmediata los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, reactivando las actualizaciones salariales y las becas hasta que se dicte sentencia definitiva.
Fuente: Perfil.


