Finalmente, este viernes, tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, la Legislatura de Mendoza aprobó las modificaciones a la Ley 7.722 de Minería que prohibía el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras.
La legislación protegía el agua, en una provincia que se encuentra en Emergencia Hídrica.
Quienes primeros sesionaron fueron los senadores provinciales que tras el debate dieron media sanción al proyecto con 29 votos a favor y 7 en contra.
Con la aprobación de la Cámara Alta provincial, el proyecto pasó a diputados donde ocurrió lo mismo y se obtuvo la media sanción restante con 36 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
Así, el poder Legislativo mendocino reformó la Ley 7.722 lo que significa que los proyectos mineros que se aprueben podrán utilizar distintas sustancias contaminantes para su actividad. En texto introdujo nuevos mecanismos oficiales de control.
La discusión por la megaminería se reactivó en Mendoza hace menos de 10 días. El Gobierno provincial impulsó la modificación y tras una reunión este miércoles, la oposición introdujo cuestiones logrando el apoyo.
Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones de la Legislatura y en los accesos a la Capital mendocina se realizaron manifestaciones y cortes en rechazo a la modificación a la Ley.
En el límite entre Guaymallén y Mendoza, los vecinos cortaron el Acceso Este y Costanera. Cientos de personas se ubicaron en el Nudo Vial, al igual que ocurrió en Espejo y Patricias de Ciudad, en la Legislatura para luego trasladarse hasta la Costanera.
En tanto, en el tramo de la Ruta Nacional Nº 40 que une San Carlos con Tunuyán, también se vivieron cortes. En Uspallata, se cortó la ruta internacional a Chile. En el sur provincial, General Alvear también fue escenario de piquetes en contra de las modificaciones a la Ley de Minería.
El texto final se terminó de redactar en las comisiones este jueves. Así, se modificaron cinco artículos de la 7.722 y se agregaron ocho.
En este sentido, además de eliminar la prohibición de la utilización de las sustancias contaminantes, el artículo 3 eliminó la necesidad de aprobar por ley las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y ahora deberán contener informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.
El artículo 4 especifica las tareas que tendrá la Policía Ambiental, mientras que el Departamento General de Irrigación ejercerá control y seguimiento de los emprendimientos mineros.
El artículo 5 estableció que las Audiencias Públicas deberán hacerse en los municipios donde se localice cada proyecto.
El 8 crea un Portal Digital para conocer cada proyecto que se esté desarrollando, respaldado por la ley de Acceso a la Información Pública.
En el 11 se establece un Fondo de Compensación para la gestión integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que se conformará con el 1,5% de las ventas de cada proyecto.
Además, el 50% de ese fondo se destinará a financiar obras de modernización del transporte y distribución del agua, se indicó en el texto. También se establece que las regalías mineras no pueden usarse para gasto corriente.
El artículo 14 busca promover la participación de empresas locales y crear la Empresa Provincial Minera.
Fuente: diariouno.com / mdzon.com / elsol.com / Twitter
