La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela afirmó que las instituciones estatales vinculadas con la represión y las graves violaciones de derechos humanos continúan intactas, pese a algunas mejoras registradas durante el último año. El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 18 de septiembre.
El documento también advierte sobre la continuidad de violaciones cometidas por grupos armados civiles progubernamentales conocidos como “colectivos” y señala que no se adoptaron medidas para desarmarlos. Según la Misión, estos grupos siguen siendo una fuente de intimidación y violencia en distintas comunidades y mantienen vínculos de apoyo con estructuras estatales.
El informe sostiene que después de la captura de Nicolás Maduro se produjo una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas, además de una mayor posibilidad para protestas, reuniones públicas y actividades de la sociedad civil. Sin embargo, la presidenta de la Misión, Sofía Macher, afirmó que esa reducción “de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”.
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La investigación señala además que continúan vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y que amplios sectores de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad mantienen estructuras y prácticas similares. La Misión identificó al menos a 19 funcionarios previamente señalados por su participación en graves violaciones que todavía ocupan puestos clave.
En materia penitenciaria, la Misión documentó 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero. Entre las prácticas denunciadas figuran la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea en el penal El Rodeo I, además de condiciones degradantes en el Fuerte Guaicaipuro, donde se registraron celdas bajo el nivel del suelo, exposición al frío y privación de alimentos.
La Misión también encontró, según el informe, evidencias de respaldo político, financiación, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional de los colectivos. Entre los recursos que habría proporcionado el Estado menciona armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, y reclamó medidas de rendición de cuentas y un proceso de justicia transicional centrado en las víctimas.
