El enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, pidió hoy información al Gobierno de Dina Boluarte sobre las acciones realizadas para evitar las muertes en las protestas que tienen lugar en varios puntos del país.
«Hemos lamentado las muertes y los heridos que se han producido y hemos pedido información sobre qué está haciendo el Gobierno para evitar que estas muertes y heridos se repitan», declaró hoy Salazar a los medios tras reunirse con el primer ministro, Alberto Otárola.
En paralelo, la Defensora del Pueblo informó este viernes que en la jornada de ayer murieron dos personas en las sureñas ciudades de Macusani, en la región Puno, y en Arequipa, a raíz de los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Hasta anoche, solo se había confirmado una de esas muertes.
Hasta anoche la entidad registraba 44 muertes -43 de manifestantes y un policía- desde el inicio de las movilizaciones el 7 de diciembre, con la destitución en encarcelamiento del entonces presidente Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.
Otras 13 personas murieron por distintas causas relacionadas con las protestas, como accidentes producto de los bloqueos en las rutas, etc.
El enviado de la ONU, quien ayer se reunió con la presidenta, saludó «la apertura (del Gobierno) para poder conversar temas de derechos humanos», reseñó Sputnik.
En un pronunciamiento junto con ministros de Estado, Boluarte señaló anoche que los actos de violencia en el marco de las protestas sociales en Lima y otras regiones del país no quedarán impunes.
Asimismo, ratificó su llamado a la calma y al diálogo con los peruanos que participan de las recientes movilizaciones.
«No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de agua, salud, educación, agricultura, cuidar la zona ganadera, más puentes, más carreteras, y que los niños empiecen clases con internet», dijo en su mensaje a la nación.
Para voceros gubernamentales, la oposición es liderada por «azuzadores profesionales» con vínculos con el extremismo, el narcotráfico, la minería ilegal y el expresidente boliviano Evo Morales, interpretación que causa malestar entre los opositores.
Los manifestantes aseguran que son ciudadanos postergados que exigen integración, respeto para sus derechos, mejores posibilidades económicas y que no se les reprima con el exceso de fuerza del que ya habló incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dirigentes cívicos dijeron que se mantendrán en sus protestas hasta que Boluarte dimita y abra paso a un proceso electoral para este mismo año.
Fuente: Télam.
