La tensión política volvió a escalar hoy en Chile, a una semana y media del plebiscito constitucional, luego de que la oposición convocara a nuevas protestas pacíficas para el viernes y Amnistía Internacional (AI) acusara a la cúpula de Carabineros de permitir la represión ilegal y los abusos contra los manifestantes, una denuncia rechazada de inmediato por el Gobierno.
En medio del clima de polarización política y tras la activación de protestas sociales, luego de haber quedado paralizadas a mediados de marzo pasado por la pandemia de coronavirus, AI dio a conocer hoy un contundente informe de 110 páginas sobre la violencia policial en Chile, durante las manifestaciones por el estallido social del 18 de octubre de 2019.
Según el documento «Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social», entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre se registraron 347 lesiones graves causadas por disparos de escopetas o bombas lacrimógenas, municiones contrarias al estándar internacional sobre uso de la fuerza.
No obstante, la ONG advierte que las violaciones a los derechos humanos han seguido registrándose hasta la actualidad. El caso más reciente de uso excesivo de la fuerza policial ocurrió el pasado viernes 2 de octubre, cuando el oficial Zamora Soto, de 22 años, arrojó a un joven menor de edad desde un puente al río Mapocho, durante una manifestación.
El informe también pone en evidencia que existen razones para considerar que al menos el General Director, el General Subdirector y el Director de Orden y Seguridad de Carabineros habrían sabido de las violaciones de derechos humanos a través de información pública y oficial, y afirma que a diario recibían reportes internos de las lesiones causadas.
«El alto mando de Carabineros debe ser investigado por haber tenido conocimiento de los hechos de violencia, y no hacer nada», señaló hoy la abogada Ana Piquer, directora para Chile de AI.
«Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarlos a toda costa», afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de la ONG, citada por la agencia de noticias ANSA.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó la denuncia de AI sobre Carabineros y la acusó de omitir las lesiones de los oficiales de las fuerzas.
«En relación a algunos contenidos incluidos en el informe de AI, el Gobierno lamenta que éste realice aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial», notificó la cartera a través de un comunicado.
«El Gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance», informó.
«La pretendida intencionalidad dista de la labor y planificación de nuestras policías, más allá de actuaciones específicas que deben esclarecerse por las instituciones competentes», contestó el Ministerio a AI.
En la misma línea, anunció que el Gobierno avanza en una reforma institucional integral en Carabineros, en la mejora de la regulación del derecho a reunión pacífica, a través de una discusión en el Congreso, y en el fortalecimiento del deber de investigar, sancionar y reparar vulneraciones a derechos humanos.
Esto se da en el marco del primer aniversario de la crisis social que mantuvo en jaque al segundo Gobierno de Sebastián Piñera, exigiendo cambios políticos, sociales y económicos, entre los que destaca el próximo plebiscito constitucional del 25 de este mes, en el que los chilenos podrán elegir si cambian o no la actual Constitución, redactada en 1980 durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
En ese contexto, el diputado opositor Gabriel Boric manifestó que desde su partido, Convergencia Social (CS – izquierda), se hacía un llamado «sin ningún tipo de aspavientos» a manifestaciones pacíficas en el país a días de conmemorarse un año del estallido social chileno en busca de reivindicaciones sociales y políticas.
El parlamentario de CS detalló en entrevista con Tele 13 Radio que «vamos a llamar a un caceroleo con todas las medidas de seguridad, pacífico, y no a una concentración masiva, porque estamos en una pandemia (…) la pandemia no es un chiste».
Boric dijo que llaman a protestar en contra de «los hechos de violencia y el enfrentamiento permanente con Carabineros» luego del accionar represivo de los oficiales contra manifestantes.
Carabineros ha sido una de las instituciones de seguridad más cuestionadas desde el estallido social de octubre de 2019, según considera un 67% de los encuestados del más reciente informe de Criteria Research.
