La presidenta de Costa Rica visitó el Cecot, firmó un acuerdo bilateral contra el crimen transnacional y dijo que una reforma similar a la salvadoreña está “cerca” de ser ley. Opositores y organizaciones de derechos humanos cuestionan el modelo.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió este viernes su política de “mano dura” contra el delito, inspirada en la de su par salvadoreño, Nayib Bukele. Lo hizo durante una visita a El Salvador, donde una de sus primeras actividades fue recorrer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas, que describió como un “monumento a la justicia”.
En una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Presidencial de San Salvador, la mandataria sostuvo que combatir el crimen con firmeza no implica “renunciar a los derechos humanos” que su país ha defendido históricamente. Explicó que su estrategia contempla mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos, y cooperación con Estados Unidos y El Salvador. La visita incluyó además la firma de un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.
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Fernández elogió las reformas legales impulsadas por Bukele para castigar la pertenencia a organizaciones criminales y afirmó que una iniciativa similar en Costa Rica está “cerca” de convertirse en ley. Bukele, por su parte, aludió a las dificultades políticas de su homóloga y señaló que hay “mucha oposición” a sus propuestas de reforma y de colaboración entre los órganos del Estado. La presidenta acusó también al Poder Judicial costarricense de permitir la liberación de delincuentes, un problema que comparó con “un elefante metido en una cristalería”.
El enfoque genera críticas dentro de Costa Rica. Opositores y activistas cuestionan que un país reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos adopte políticas como las salvadoreñas.
Esas objeciones se apoyan en las denuncias sobre el modelo de Bukele. Expertos de Naciones Unidas advirtieron que los abusos cometidos durante la ofensiva antipandillas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los 93.000 detenidos bajo el régimen de excepción, vigente desde 2022, son inocentes, y ha denunciado más de 500 muertes bajo custodia del Estado.
Con información de RFI.
