Un juez de Colombia ordenó a la primera dama, Ana Lucía Pineda, presentar en un plazo de 48 horas un informe detallado sobre el destino de las donaciones recibidas por su fundación para asistir a las víctimas del terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto. La decisión busca esclarecer el manejo de los fondos aportados para atender la emergencia y avanzar con la reconstrucción.
Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, está al frente de la fundación Luz y Sonrisas, que canalizó buena parte de las contribuciones privadas destinadas a los damnificados. El organismo informó en octubre que había recibido más de 17 millones de dólares, aunque sectores de la oposición y medios locales sostienen que los aportes anunciados por el mandatario superarían los 200 millones de dólares.
El fallo judicial establece que la fundación deberá presentar un informe de gestión que detalle de manera clara y precisa qué hizo con los recursos que recibió, administró, canalizó o distribuyó. La medida respondió a una presentación del senador opositor Alejandro Ocampo, quien cuestionó la falta de información sobre el destino del dinero.
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Uno de los puntos bajo cuestionamiento es que el reporte difundido por la fundación señala que unas 48.000 personas recibieron asistencia humanitaria, pero no especifica qué tipo de ayuda se entregó ni cuánto dinero fue ejecutado en las localidades más afectadas. La oposición también denuncia demoras en la llegada de asistencia a las zonas del oeste colombiano devastadas por el sismo.
En declaraciones a medios locales, Pineda sostuvo que los fondos no fueron utilizados porque las necesidades de ayuda humanitaria ya habían sido cubiertas y explicó que el dinero se destinará a una segunda etapa de reconstrucción. Sin embargo, la inauguración de carteles de obras en un municipio de Caldas, sin entrega de viviendas ni asistencia concreta, también generó cuestionamientos.
El terremoto de magnitud 7,4 dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Los daños económicos se estiman en unos 9.500 millones de dólares, mientras la resolución judicial busca establecer con precisión cuánto dinero ingresó a la fundación y cómo fueron administradas las contribuciones destinadas a los damnificados.
Fuente: DW.
Imagen: John Vizcaino/AP Photo/picture alliance.
