La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes la apertura de un juicio disciplinario contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por un supuesto aumento patrimonial injustificado durante el año 2022, cuando ejercía como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.
Según el Ministerio Público, Petro Burgos no pudo justificar un incremento patrimonial de más de 1.189 millones de pesos, equivalentes a unos 300.000 dólares, en relación a sus ingresos oficiales y los gastos efectuados en ese periodo.
En su comunicado, la Procuraduría señala que “en 2022 los ingresos del diputado fueron de 219 millones de pesos, mientras que sus gastos superaron los 1.409 millones, lo que configura un incremento injustificado de su patrimonio económico”.
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El informe detalla además que, pese a reportar “actividades económicas relacionadas con su profesión de abogado”, Nicolás Petro no presentó la declaración de renta correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. “La omisión de esta obligación tributaria dificulta la trazabilidad de sus ingresos y gastos”, indica la Procuraduría.
Entre las pruebas recabadas figuran testimonios de familiares y documentos financieros que apuntan a la compra de bienes, incluyendo una vivienda en Puerto Colombia, municipio cercano a Barranquilla. Según las autoridades, el origen de los recursos para esta adquisición “no ha sido explicado satisfactoriamente”.
Este proceso disciplinario se suma al proceso penal que Nicolás Petro enfrenta desde julio de 2023, cuando la Fiscalía General lo acusó de recibir recursos de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.
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Al respecto, Petro Burgos sostuvo: “Reconozco haber recibido esos recursos, pero en ningún momento mi padre tuvo conocimiento de ello. No hay indicios que lo impliquen”. El joven abogado ha defendido su inocencia y anunciado que enfrentará el proceso “con transparencia y claridad”.
La Procuraduría recordó que este caso es “parte de una investigación más amplia sobre conductas irregulares en el ejercicio de funciones públicas y sobre el origen de ciertos recursos financieros”, lo cual mantiene la atención mediática y política sobre la figura de Nicolás Petro.
Mientras el juicio disciplinario avanza, el hijo del presidente se mantiene bajo el escrutinio público, lo que añade presión al Gobierno nacional, ya que el caso tiene implicaciones políticas relevantes en un contexto de críticas por la gestión anticorrupción.
Fuente y foto: EFE
