Sindicatos y organizaciones sociales de la región de Puno, al sur de Perú, cumplen un nuevo paro general en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el esclarecimiento de las muertes ocurridas durante la represión a las protestas de diciembre y enero.
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La decisión de volver a la protesta fue adoptada en una reunión de alrededor de seis horas en la Asamblea Regional del Comité Colegiado de la Región Puno, uno de los centros neurálgicos de las manifestaciones tras la destitución como presidente de Pedro Castillo, decidida por el Congreso tras el pedido del Ejecutivo para su disolución.
Aún así, el sitio del diario La República señala que los mercados de la ciudad de Puno atendieron sin inconvenientes en la jornada y que también funcionó el transporte, porque el sector no fue invitado a las deliberaciones.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) movilizó a sus bases en la ciudad con una antorcha en forma de rata, como símbolo de la corrupción del Ejecutivo.
Mientras, en Juliaca, familiares de los fallecidos en la jornada del 9 de enero se sumaron a la protesta para exigir la renuncia de la presidenta Boluarte y reclamar al Ministerio Público acelerar las investigaciones por las muertes durante los enfrentamientos con la Policía y las Fuerzas Armadas.
Al grito de “Dina asesina” y “La sangre derramada jamás será olvidada”, también rechazaron que las causas se hayan remitido a la Fiscalía de Lima.
La República da cuenta del bloqueo a un puente internacional en Ilave, y el bloqueo de algunas rutas, entre otras la Interoceánica en el tramo que comunica Puno con Madre de Dios. También estaba cerrada la ruta Huancané, hacia los distritos de Vilquechico, Cojata, Rosaspata y provincia de Moho.
La Defensoría del Pueblo, en tanto, reivindicó el derecho a la protesta ciudadana.
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«Frente al anuncio de organizaciones sociales de llevar a cabo un paro de 24 horas en el departamento de Puno (sur) el 30 de mayo, la Defensoría señala que todo ciudadano tiene derecho a protestar por asuntos que considere insatisfactorios o perjudiciales para sus intereses», indicó el ente en un comunicado.
La Defensoría sí señaló que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica, sin afectar los derechos de terceros ni causar daños a la propiedad pública o privada, de acuerdo a las leyes vigentes.
Y exhortó a las fuerzas del orden a actuar según los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para controlar posibles desmanes.
Entre diciembre y febrero, en varios departamentos de Perú se llevaron a cabo fuertes protestas, exigiendo la salida de la presidenta y los representantes del Congreso.
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En esas manifestaciones fallecieron 49 personas como resultado del enfrentamiento con las fuerzas del orden, y Puno una de las jurisdicciones más afectadas por la crisis social.
Fuente: Télam.
