En Argentina, el aborto estaba penado por ley en casi todas las circunstancias, con sólo un par de excepciones: en caso de violación o por riesgo de salud de la persona gestante. Desde hace 100 años tales excepciones dieron curso al aborto no punible, pero son varios los casos donde los requerimientos de aborto se ven judicializados, cuando la ley nunca lo exige.
En Chubut el protocolo de ILE, que se encuentra a la vanguardia de otras jurisdicciones, nace por un aborto que le fuera rechazado en dos instancias a una niña violada por su padrastro. En aquel 2010 el STJ fue el que falló a favor de la niña e instó al Estado de Chubut a avanzar en una legislación que se corresponda con la manda del Código Penal.
En nuestro país el Código Penal establece el aborto no punible en dos situaciones: «cuando el embarazo fuera por una violación o si pone en peligro nuestra vida o nuestra salud», recordó la médica Ginecóloga Estela Manzano, pero lamentó que durante muchos años en la Argentina se les negaba el aborto a las mujeres: «decían que el Código Penal era confuso».
Estela Manzano es la médica que debió realizar el aborto no punible, en el año 2010, a una adolescente violada por su padrastro en Comodoro Rivadavia. Luego de ser rechazado el aborto en dos instancias, el caso llegó al STJ que finalmente falló a favor del pedido de la adolescente. En el año 2017 el gobierno nacional había creado un protocolo de aborto no punible, que establecía que los profesionales estaban habilitados a realizar un aborto siempre y cuando exista una denuncia judicial. Sin embargo, el STJ define que eso no era requerido por el Código Penal: «Nuestro STJ hizo un fallo precioso donde dijo que no se podía pedir más de lo que la ley exige. Si el C.P no pedía que se denunciaran las violaciones, los médicos no teníamos derecho a pedirlo y que tampoco teníamos que pedir permiso al juez para hacer un aborto por riesgo para la salud, porque los que entendemos de riesgo para la salud somos los médicos y no los abogados. Y agregaba que en todo momento lo que tenía que prevalecer era la libre autonomía de la mujer».
A la luz de las discusiones que se dieron en el Congreso durante estos dos años, aquel fallo parecía ser de avanzada. Sin embargo, para las mujeres que no quieren continuar un embarazo por cuestiones establecidas por la legislación, sigue representando una barrera a esa autonomía la existencia de un gran porcentaje de médicos objetores de conciencia.
«Nuestra ley también contempla la objeción de conciencia y eso es una macana», lamentó Manzano. «Somos pocos prestadores en la provincia, la mujer tiene que andar buscando con quien atenderse y nosotros nos cansamos porque somos pocos y somos violentados por los objetores de conciencia».
En ese sentido, la médica ginecóloga estimó que un porcentaje superior a 90% de los médicos son objetores de conciencia. En Trelew somos 8 no objetores», detalló.
Entre los detractores del aborto legal, se encuentran quienes sostienen que los abortos no deben ser parte de la salud pública, a lo que Manzano responde: «Si el criterio es que la salud pública es para los muy buenos, no podemos morir todos. Con ese criterio ¿Por qué le tenemos que pagar la cirugía de pulmón al que fuma como un escuerzo o al ejecutivo que se infarta por andar a las corridas y hasta dándose con cocaína?
En relación a los costos de la ILE, Manzano sostuvo que «legalizar el aborto es mucho más barato que mantenerlo clandestino». En ese sentido explicó que el 90% de los abortos se hacen en forma ambulatoria y que una caja de misoprostol hoy cuesta 6 mil pesos, pero si el Estado la fábrica puede costar solo $600.
La médica estimó que el costo de atender un aborto realizado en forma clandestina con complicaciones ronda los 56 mil pesos y que un día de terapia intensiva puede costar hasta 100 mil pesos por día.
En relación a la ley que fuera aprobada este miércoles en el Senado, Manzano precisó que los abortos se podrán realizar «hasta la semana 14 sin pedirle permiso nadie ni darle explicaciones a nadie. No van a ir presas y vamos a salvar muchas vidas».
Sostuvo que las personas gestantes podrán conseguir fácilmente las recetas para abortar en su casa, pero ubicó el mayor problema en los casos de los abortos que se deban practicar en el segundo trimestre, donde principalmente se trata de niñas: «Las que internamos son las más vulnerables, las niñitas violadas, y si ahí no hay médicos disponibles es muy grave».
Los objetores de conciencia en el mundo:
En Francia, Inglaterra, Noruega o Suecia, los profesionales de la salud no pueden ser objetores de conciencia, porque no los contratan.
