Dos contratistas abandonaron el proyecto y un astillero de Singapur analiza cancelar la remodelación del buque que se utilizaría para procesar el crudo. El impacto se conoce a pocos días de que un tribunal internacional se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina.
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, enfrenta dificultades operativas luego de que dos contratistas decidieran retirarse y un astillero de Singapur comenzara a evaluar la rescisión de un contrato clave. Las bajas se producen en medio de las acciones legales, regulatorias y diplomáticas impulsadas por el Gobierno argentino contra la exploración de hidrocarburos en el área en disputa.
La situación se conoce a seis días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones. La decisión está prevista para el 28 de noviembre y constituye un nuevo capítulo de la disputa por la explotación unilateral de recursos en el Atlántico Sur.
Según informó la Cancillería, las sanciones argentinas, que contemplan restricciones para operar en el país y posibles consecuencias penales para las empresas involucradas, comenzaron a generar efectos en la estructura del emprendimiento. La británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos contratistas dejaron de participar por temor a eventuales represalias judiciales y comerciales.
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Otro punto de preocupación para el consorcio es la situación del astillero Seatrium, con sede en Singapur, que analiza cancelar los trabajos de remodelación del Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO). El buque es una pieza central para el procesamiento del crudo que se extraiga del yacimiento.
La tensión también tuvo repercusiones en los mercados financieros. De acuerdo con los datos difundidos por Cancillería, las acciones de Rockhopper retrocedieron un 1,2% en Londres, mientras que los títulos de su socia israelí Navitas Petroleum cayeron un 6,59% en Tel Aviv. En paralelo, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la Argentina continuará con el arbitraje internacional más allá de la resolución de Hamburgo y advirtió sobre los costos comerciales de operar sin autorización argentina.
En el plano legislativo, el Gobierno busca avanzar con un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para reforzar las sanciones contra las actividades no autorizadas. Aunque el debate en Diputados no pudo realizarse esta semana por falta de quórum, la Argentina mantiene la estrategia judicial y diplomática. Por su parte, Rockhopper señaló ante sus inversores que Navitas conserva el objetivo de avanzar con Sea Lion durante 2027 y busca reemplazar a los contratistas que abandonaron el emprendimiento.
Fuente: Noticias Argentinas.


