Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares con un amplio respaldo del oficialismo y aliados, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y múltiples intentos fallidos de la oposición por modificar el temario. La iniciativa impulsada por el Gobierno consiguió votos clave de bloques provinciales y algunos legisladores opositores, consolidando una mayoría sólida.
Incluso, el oficialismo logró sumar el apoyo de dos diputados de Unión por la Patria, lo que evidenció fisuras dentro del principal bloque opositor. En contraste, la mayor parte de ese espacio votó en contra, junto a legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros sectores que cuestionaron duramente la reforma.
Durante la sesión, se rechazaron diversas mociones de apartamiento de reglamento impulsadas por la oposición. Entre ellas, proyectos vinculados a la neutralidad argentina en conflictos internacionales, pedidos de interpelación a funcionarios nacionales y propuestas relacionadas con el denominado caso Libra. Ninguna logró reunir los votos necesarios.
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En el debate de fondo, el oficialismo defendió la reforma argumentando que no modifica el esquema de protección ambiental, sino que busca “aclarar conceptos” y otorgar mayores facultades a las provincias. Desde ese sector destacaron que la iniciativa permite avanzar en estudios técnicos más precisos y favorece la armonización normativa sin afectar el principio de no regresión ambiental.
Por el contrario, desde la oposición denunciaron que la ley implica un retroceso en materia ambiental y alertaron sobre posibles consecuencias en los ecosistemas glaciares y periglaciares. También advirtieron sobre una eventual judicialización de la norma y cuestionaron la validez de los estudios utilizados para respaldarla.
El cierre del debate reflejó la grieta conceptual entre desarrollo productivo y protección ambiental. Mientras el oficialismo insistió en la necesidad de fomentar inversiones y empleo en las provincias, sectores opositores sostuvieron que la reforma pone en riesgo recursos estratégicos como el agua, fundamentales para millones de personas.
Fuente: Noticias Argentinas.
