La joven de 29 años seguirá el proceso judicial en Río de Janeiro con tobillera electrónica y sin autorización para salir de Brasil.
La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, fue liberada tras haber sido detenida en Río de Janeiro acusada de injuria racial, un delito equiparado al racismo en la legislación brasileña. La causa se originó por presuntos gestos y comentarios discriminatorios hacia empleados de un bar en Ipanema.
Aunque recuperó la libertad, la Justicia dispuso que continúe el proceso judicial bajo medidas cautelares. Páez deberá usar tobillera electrónica para el control de sus movimientos y tiene prohibido salir de Brasil mientras avance la investigación. Si bien le devolvieron el pasaporte, la restricción migratoria se mantiene vigente.
El arresto se produjo al mediodía, cuando la Policía la trasladó a una comisaría. La situación judicial se agravó luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su prisión preventiva al considerar que las medidas anteriores no garantizaban el cumplimiento del proceso y que existía riesgo procesal.
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Horas antes de su liberación, la Justicia rechazó un habeas corpus presentado por la defensa, que pedía autorización para que regresara a la Argentina. Finalmente, el tribunal resolvió que no quedará detenida, pero deberá permanecer en territorio brasileño mientras se define su situación.
El delito de injuria racial en Brasil prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y no admite excarcelación bajo fianza. El expediente está a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, quien determinará los próximos pasos del caso.
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El abogado defensor, Sebastián Robles, sostuvo que el episodio se produjo tras provocaciones previas y cuestionó el pedido de prisión preventiva. “No existen peligros procesales reales; si no fugó en las primeras semanas con tobillera, no hay razón para agravar la situación”, afirmó.
Desde el entorno familiar manifestaron preocupación por su estado emocional. Su padre, Mariano Páez, relató que la joven se siente “aterrada” y que incluso recibió amenazas. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, expresó. La Embajada argentina en Brasil ofreció asistencia legal, aunque aclaró que no interviene en el proceso judicial.
