El acusado fue sentenciado a dos años de prisión condicional por amenazas, desobediencia y coacción, con varias medidas restrictivas y de rehabilitación.
En una audiencia desarrollada en la sala de la oficina judicial de Trelew, el Ministerio Público Fiscal, representado por la procuradora Guadalupe Serafini y el abogado Joaquín González, informó sobre un acuerdo para un juicio abreviado en un caso de violencia de género.
Los hechos comenzaron el 4 de abril de 2023, cuando G.R.M. amedrentó a su ex pareja, con quien había mantenido una relación de nueve años. El imputado envió mensajes con amenazas de muerte. La víctima, que estaba en Córdoba, también recibió mensajes en los que G.R.M. amenazaba con quemar su casa si no respondía. Ante esta situación, la mujer contactó a la comisaría de la mujer y se emitió una medida de protección con prohibición de acercamiento y contacto por 180 días, notificada el 6 de abril de 2023 al imputado. Sin embargo, G.R.M. reaccionó violentamente, insultando y amenazando.
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El 2 de mayo de 2023, G.R.M. irrumpió en el domicilio de la víctima, quien estaba con su hijo y la novia de este. El imputado la amenazó de muerte y se fue antes de que llegara la policía, quedando todo registrado en cámaras de seguridad. El 22 de agosto, la víctima fue agredida en la vía pública mientras subía a su auto. G.R.M. la zamarreó, golpeó en la cabeza con un teléfono y la amenazó de muerte. El 27 de agosto, el imputado acechó el domicilio de la víctima y golpeó al acompañante de la mujer, amenazándolo de muerte.
El Juez Marcos Nápoli resolvió condenar a G.R.M. a dos años de prisión condicional por amenazas simples (dos hechos), desobediencia (tres hechos) y coacción, en el marco de la Ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, además de lesiones leves y amenazas simples.
Se le impusieron reglas de conducta, incluyendo la realización de un taller TAVIRE en seis meses, prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas y su grupo familiar, no consumir estupefacientes ni bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos y el mantenimiento de la tobillera electrónica por dos años.
Fuente: MPF.
Foto de archivo.
