Luiz Inácio Lula da Silva comenzará en enero su cuarto mandato como presidente de Brasil con el desafío de contener el endeudamiento público, moderar la inflación y aliviar el costo del crédito, mientras busca sostener los programas sociales y negociar con una oposición fortalecida en el Congreso.
La deuda pública superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB), más de 10 puntos porcentuales por encima del nivel registrado al inicio de su actual gestión. El aumento de los gastos obligatorios reduce el margen presupuestario y encarece el financiamiento estatal. El Gobierno promete mantener las reglas fiscales, aunque también busca ampliar prestaciones y aumentar el salario mínimo por encima de la inflación.
La política monetaria será otro frente central. La inflación anual se ubicó en el 4,6%, por encima del límite de tolerancia del Banco Central, establecido en el 4,5%, mientras la tasa de interés alcanzó el 13,75%. Aunque la autoridad monetaria aplicó cinco recortes consecutivos, las previsiones citadas por el medio indican que los precios podrían mantenerse por encima del objetivo oficial del 3% hasta bien entrado 2029.
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El costo del financiamiento también afecta a las familias y las empresas. Según la agencia crediticia Serasa, casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de compañías registran pagos atrasados. Para aliviar la situación, Lula analiza medidas vinculadas con préstamos hipotecarios problemáticos y deudas tributarias de pequeños empresarios, aunque los especialistas advierten que podrían ofrecer un alivio temporal.
El panorama político suma dificultades para aprobar reformas. Tras la victoria electoral de Lula frente al senador Flávio Bolsonaro, el Partido Liberal y sus aliados quedaron cerca de controlar ambas cámaras legislativas. Esa composición podría complicar iniciativas para reducir exenciones fiscales y avanzar con medidas que impliquen una mayor carga tributaria efectiva.
El quinto desafío será implementar la reforma de los impuestos al consumo, aprobada en 2023. El nuevo impuesto al valor agregado comenzará a regir en enero, pero el Gobierno todavía no comunicó la tasa efectiva, que analistas independientes estiman en torno al 28%. Lula deberá equilibrar las cuentas públicas, contener los precios y sostener el gasto social en un escenario de mayor resistencia política.
