El secretario de Gobierno se refirió a la situación de un trabajador del Concejo Deliberante y remarcó que cualquier eventual sanción deberá definirse mediante el procedimiento administrativo correspondiente.
En diálogo con Radio 3, el secretario de Gobierno de Trelew, Mario Romeo, se refirió a la situación de un empleado del Concejo Deliberante que quedó involucrado en una investigación judicial. El funcionario aclaró que el trabajador pertenece al ámbito legislativo y que, por lo tanto, el Ejecutivo municipal no tiene intervención directa sobre su situación laboral.
“Hay que remarcar el inicio de la actividad de la gente que por ahí por una cuestión de identidad, voy a hablar genéricamente respecto de alguna situación que se pueda haber dado”, explicó Romeo, al plantear la necesidad de diferenciar las responsabilidades penales de las laborales.
En ese sentido, sostuvo que cuando un empleado público queda detenido pueden generarse consecuencias en su relación laboral. “Una persona que queda detenido generalmente ante la ausencia a su trabajo por más de 5 días, el convenio colectivo de trabajo habla de las ausencias sin justificar”, señaló.
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Romeo aclaró además que el Concejo Deliberante cuenta con sus propias normas para determinar eventuales sanciones. “El Concejo Deliberante tiene su propio régimen de convenio colectivo, así tiene su propio régimen sancionatorio y su propio régimen de sumario administrativo”, afirmó.
Por ese motivo, remarcó que el Ejecutivo municipal no puede intervenir directamente en el caso. “No se mezcla o no tiene incidencia el Poder Ejecutivo municipal respecto de empleados del Concejo Deliberante”, sostuvo el funcionario, quien agregó que desconoce la categoría y la antigüedad exacta del trabajador, aunque indicó que lleva varios años desempeñándose en el ámbito municipal.
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Romeo también fue enfático al referirse a la conducta que deben mantener quienes trabajan para el Estado. “Cualquier empleado municipal que tenga delito tenga conflicto con la ley penal debe ser sancionado y erradicado del ámbito de la administración pública”, expresó.
Al mismo tiempo, el secretario de Gobierno advirtió que las decisiones deben tomarse respetando las garantías correspondientes. “Uno no puede ser tampoco intempestivamente tomar decisiones que después tengan consecuencias al erario público”, manifestó.
Finalmente, Romeo sostuvo que una eventual responsabilidad deberá determinarse en las dos vías correspondientes: la judicial y la laboral. En ese marco, señaló que el trabajador deberá responder por las consecuencias que correspondan si la Justicia logra acreditar el hecho investigado, mientras que el ámbito legislativo deberá avanzar con el procedimiento administrativo que corresponda.
