Durante el año 2025, más de quince personas fueron detenidas o quedaron seriamente comprometidas en causas vinculadas a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil en Río Gallegos, como resultado de una serie de investigaciones judiciales impulsadas por alertas internacionales y pericias digitales de alta complejidad.
Los casos no surgieron de un único operativo, sino de una sucesión de allanamientos realizados en distintos barrios de la capital santacruceña, con intervención de juzgados locales, fiscalías especializadas y organismos internacionales dedicados a la protección de la infancia. La reiteración de procedimientos y el volumen del material incautado encendieron señales de alarma en la Justicia.
Uno de los primeros hechos relevantes ocurrió en abril, cuando la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz detuvo al administrador de un grupo de WhatsApp que distribuía material ilegal y añadía a menores sin su consentimiento. En ese operativo se secuestraron notebooks, teléfonos y consolas de videojuegos, dispositivos cada vez más utilizados para evadir controles.
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En agosto, la situación alcanzó una dimensión inédita con once allanamientos simultáneos en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, que abarcó quince países. En Río Gallegos se realizaron procedimientos en zonas céntricas y barrios periféricos, con secuestro masivo de dispositivos tecnológicos y la puesta bajo resguardo judicial de cuatro menores.
Las investigaciones continuaron durante los meses siguientes a partir de reportes del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). En noviembre y diciembre se concretaron nuevos allanamientos en distintos puntos de la ciudad, con incautación de teléfonos, notebooks y discos externos que aún son sometidos a pericias técnicas.
Incluso, en uno de los procedimientos más recientes, se detectaron imágenes y videos de realización doméstica con menores de edad, lo que derivó en la detención del principal investigado tras intentar destruir evidencia digital. Las causas siguen en trámite y bajo análisis judicial, en un contexto que expone una problemática grave y persistente en la ciudad.
Fuente: La Opinión Austral.
