En medio de la recepción de las nuevas facturas de gas con aumentos significativos en los cargos básicos, una encuesta de Giacobbe y Asociados reveló que un 53,2% de los usuarios de servicios públicos estarían dispuestos a pagar hasta un 25% más por la luz, el agua y el gas para ayudar a reducir el déficit fiscal. La encuesta también mostró que un 45,4% de los consultados se opone terminantemente a cualquier incremento adicional en las tarifas.
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El desglose de la encuesta indicó que un 20,5% de los usuarios aceptaría duplicar los precios actuales, mientras que un 14,3% admitiría un aumento del 50% y el 18,8% estaría dispuesto a pagar un 25% extra.
Estos resultados sugieren que la campaña oficial contra el déficit fiscal ha calado en parte de la población, que reconoce la importancia de los subsidios, que representan el 95% del costo de la electricidad y el gas según la relación precios-costos del mes pasado.
Sin embargo, el rechazo de casi el 45% a pagar más refleja no solo una postura ideológica alineada con las críticas de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la política del gobierno, sino también la difícil situación económica que atraviesa una parte significativa de la población.
La encuesta también midió la «frontera del dolor» frente a la situación económica: un 30,3% de los encuestados declaró que no puede resistir más aumentos, mientras que un 27,4% cree que podría soportar hasta cuatro años de ajuste.
Según los últimos cálculos del instituto IIEP UBA-CONICET, el mes pasado, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios necesitaba $118.825 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, lo que representa un aumento del 295% respecto a diciembre pasado. En detalle, los gastos promedio fueron de $27.924 en electricidad, $40.906 en gas, $20.631 en agua y $29.364 en transporte.
Las recientes facturas de gas emitidas por las distribuidoras mostraron aumentos de hasta el 400% en los cargos fijos, llegando en algunos casos al 1300%. Este incremento marca el inicio de la transición hacia un nuevo régimen de tarifas energéticas, con el objetivo de pasar de un esquema de subsidios generalizados a uno de subsidios focalizados, mediante la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE).
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Hasta que este nuevo régimen entre en vigor, la Secretaría de Energía podrá realizar ajustes y adecuaciones al régimen de segmentación de tarifas. Entre las posibles medidas se encuentran la aplicación de topes a los volúmenes de consumo subsidiados y la implementación de descuentos sobre el componente Energía para los usuarios registrados en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: A24.
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