Las querellas que representan a familiares de víctimas del atentado a la AMIA y de la DAIA reclamaron hoy a la Cámara Federal de Casación revocar sobreseimientos y avanzar hacia el juicio en la causa por la firma del Memorándum con Irán, en tanto las defensas remarcaron que debe confirmarse el cierre del caso por inexistencia de delito.
La sala I del máximo tribunal penal federal realizó hoy la primera de dos audiencias previstas, antes de resolver si confirma o no la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que en octubre de 2021 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y los restantes imputados en el caso por «inexistencia de delito», indicó la agencia Télam.
La audiencia abrió pasadas las 10.30 con el abogado Juan José Avila, representante de dos familiares de víctimas del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, Mario Averbuch y Luis Czyzewsky.
Avila reclamó la «revocación en todas sus partes del sobreseimiento prematuramente dictado» por el TOF 8 que preparaba el juicio oral en la causa que se inició por la denuncia en 2015 del fallecido fiscal Alberto Nisman.
El abogado remarcó que para llegar al sobreseimiento «se violaron derechos humanos, se privó a las víctimas de su derecho fundamental a ser oídas».
«Se las privó de conocer la verdad que puede ofrecer la cosa juzgada, que resulta de un proceso penal», al decidir no realizar el juicio oral, agregó.
Luego fue el turno de Mario Averbuch por esa misma querella, quien pidió hablar ante los jueces Diego Barroetaveña, Ana Maria Figueroa y Daniel Petrone como un «padre que perdió a su hija».
«Hablo en calidad de padre, como siempre lo he dicho, soy el papá de Yanina Muriel, lo mismo en el caso de Czyzewsky, el papá de Paola, ambas asesinadas en el atentado a la AMIA. Acá solamente hay dolor y necesidad de respuestas», dijo a través de la plataforma Zoom a los camaristas que escuchaban desde una de las salas de audiencia de los tribunales federales de Retiro.
Ambos familiares que quedaron como querella en esta causa se conectaron para participar de la audiencia de manera virtual.
Averbuch sostuvo que este es «otro capítulo de cierre nefasto, teñido de injusticia e ilegalidad» y que «nadie pensó en darle justicia a los muertos».
«Creo que hay traición a la sociedad toda, que quiere saber solamente qué pasó. Es una investigación que no se quiere hacer» y los abogados buscan que sus defendidos «puedan escapar del brazo de la Justicia. Nadie pensó en darle justicia a los muertos. Nosotros estamos luchando por saber por qué mataron a nuestros hijos y el Estado y la Justicia no nos contestan», dijo.
Por su parte, la querella de la DAIA iba a exponer de manera oral en la audiencia pero finalmente presentó un escrito en el que también reclamó que se revoquen los sobreseimientos «por inobservancia o errónea aplicación de la ley».
Para la DAIA, resulta «evidente que el tribunal de juicio se ha apartado del debido proceso y ha violentado el derecho de defensa de las partes acusadoras», según el escrito al que tuvo acceso Télam.
Tras la intervención de las querellas fue el turno de las tres defensas previstas para la primera audiencia, la del exvicecanciller y actual embajador en Rusia Eduardo Zuain y las de los actuales funcionarios nacionales Carlos Zannini y Juan Martín Mena.
En todos los casos reclamaron a Casación que rechace los recursos de las querellas y confirme los sobreseimientos por inexistencia de delito.
El abogado de Zuain, Martín Arias Duval, remarcó que en la causa se incorporó nueva prueba enviada por Interpol que demostró la imposibilidad del cese de las circulares rojas con pedidos de captura de ciudadanos iraníes por el atentado, a raíz de la firma del Memorandum en 2013.
Esta fue la base de la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Nisman contra Fernández de Kirchner, parte de su Gabinete y otros imputados.
Arias Duval remarcó que la nueva prueba se presentó en el juzgado federal 11 que estaba a cargo del luego fallecido juez Claudio Bonadio y que tenía parte del caso en trámite luego del envío a juicio oral.
«Este informe de Interpol de julio de 2020 fue el valorado por el Tribunal Oral para dictar la resolución que dictó» y se trató de «información nueva». Fue el «primero que sintetiza de manera ordenada y cronológica la actitud en relación a las circulares rojas y órdenes de captura», resaltó.
«Uno puede concluir sin temor a equivocarse» que la decisión «siempre fue mantener las órdenes de captura vigentes» y que esto sólo podía cambiar por orden del juez que llevaba la causa por el atentado.
Además recordó que el Memorandum fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina.
También recordó que en 2013, el fallecido excanciller Héctor Timerman «hace saber a Interpol que de ninguna manera el Memorándum de Entendimiento afectaba la vigencia de las circulares rojas» y explicó que esto ocurrió «un día después de que se notificó a Interpol del Memorándum».
Esta es «prueba novedosa que echa por tierra de modo absoluto y contundente la posibilidad de pensar que quienes firmaron pensaban tener algún tipo de incidencia en la modificación de las circulares rojas de Interpol», concluyó.
Luego fue el turno del abogado Mariano Fragueiro Frías, por la defensa del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.
«Me parece casi increíble estar en una audiencia de una causa que jamás debió haber llegado a esta instancia. La verdad que es una suerte de ‘deja vu’ extraño», graficó.
El letrado remarcó lo «profundísimo» del sufrimiento de los familiares de las víctimas pero destacó que en esta causa no se investiga el «atroz atentado que cobró las víctimas que todavía hoy lloramos»
«Estamos en otro proceso y si algún distraído cree que se puede confundir este con el otro, esto es imposible», advirtió.
«La causa fue desistida, señores jueces, por el impulso de un fiscal valiente que entendió que no podía avanzarse sobre un proceso que nunca fue delito», dijo en relación al fiscal ante Casación Javier De Luca, que no mantuvo la apelación fiscal contra el cierre.
Fragueiro Frías sostuvo que «el panorama es concluyente para terminar con este proceso».
«Le ruego, le imploro al Tribunal que no case y rechace los recursos de Casación porque este proceso pasó a cosa juzgada», dijo.
Fragueiro también detalló los informes de Interpol incorporados a la causa y que fueron tomados como nueva prueba luego de envío a juicio oral y remarcó que demostraron la inexistencia de delito.
Por último expuso el abogado Marcos Aldazabal, defensor de Mena, viceministro de Justicia, y pidió confirmar los sobreseimientos.
«Escuché decir que parecía haber una urgencia por cerrar esta causa. Me gustaría recordar que esta causa lleva siete años en los que creo nadie pensó nunca que podía haber delito», enfatizó.
El letrado dijo además que «se gastaron muchísimos recursos del Estado» en una causa «que siempre se supo que no respondía a ningún delito y que seguramente fue sólo producto de intencionalidades políticas».
«No me parece que un cierre a siete años, en la que todos los imputados son inocentes y hubo gente presa, sea urgente», concluyó.
«Es evidente que no hay absolutamente nada que debatir aquí y sería un despendio inútil», agregó también en relación al informe de Interpol en base al cual se concluyó que nunca hubo intención de dar de baja las circulares rojas emitidas contra los sospechosos iraníes.
La firma del Memorandum «fue un acto en el que intervinieron el poder político, también el Legislativo y también el Judicial cuando lo declaró inconstitucional», remarcó.
«Los pensamientos no se pueden penar y las resoluciones políticas no judiciales tampoco», concluyó al reclamar que se confirmen los sobreseimientos sin juicio oral.
La audiencia se desarrolló de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, ante los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa, quienes estuvieron presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Retiro.
Además, se conectaron las defensas, entre ellas la de la Vicepresidenta, que presentará un memorial escrito en la segunda audiencia fijada por Casación, para el 24 de noviembre próximo.
El 7 de octubre de 2021 el Tribunal Oral sobreseyó en un fallo unánime por inexistencia de delito a todos los imputados, pero esa decisión fue apelada por las querellas y está bajo estudio del máximo tribunal penal federal del país.
Los jueces del TOF8 Daniel Obligado, José Michilini y María Gabriela López Iñiguez descartaron el delito de «encubrimiento agravado» en la causa que se abrió a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Nisman.
Así dieron por concluidos los preparativos para juzgar el caso, que realizaban desde que el fallecido juez Bonadio lo enviara a juicio en marzo de 2018.
En su denuncia en 2015, Nisman sostuvo que la firma del memorándum con Irán buscaba «hacer caer» las circulares rojas de captura internacional pedidas por la Justicia argentina contra ciudadanos iraníes, vigentes en la actualidad.
Los sobreseimientos alcanzaron a la expresidenta y actual vicepresidenta; a Zannini; al senador Oscar Parrilli; a Mena y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros.
