Foto de archivo.
El intendente de Trelew, Gerardo Merino, brindó este martes un extenso discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberantes, y en ese marco dio a conocer la situación actual de los empleados municipales.
En primer lugar, Merino sostuvo que «desde el primer día de gestión, se comenzó a trabajar en el reordenamiento del personal en todas las áreas. La primera medida fue la eliminación de gran cantidad cargos políticos y asesores y se llevó adelante un control y relevamiento de todo el personal: planta permanente, transitoria, jornalizados, contratados, horas cátedras, horas extras, becas y planes».
«Se detectaron muchas personas que no trabajaban y cobraban sueldos; personas con contratos que no cumplían ninguna función, no asistían a trabajar y cobraban igual. Personas con horas cátedras, que no daban clases y también cobraban. Por eso es que no renovamos muchos contratos y horas cátedras. Iniciamos trámites administrativos de intimación y sanción, porque cobrar sin trabajar, es un delito», advirtió el mandatario municipal.
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En la misma línea, reconoció que «encontramos también, expedientes con pagos adeudados al personal auxiliar, maestranza, becas y planes, por lo que se tuvo que revisar caso por caso. En relación a las becas y planes, se realizó un censo durante el primer mes de gestión, que nos permitió saber cuántas personas recibían este beneficio y bajo qué condiciones. Se encontró que de las casi 7 mil becas pagadas por la gestión anterior durante el 2.023, solo se identificaron 1.798, y en muchos casos no realizaban ninguna contraprestación».
«Hemos tomado la decisión de que aquellos que van a continuar con el beneficio de dichas becas, sea de forma controlada, con la correspondiente contraprestación de trabajo o de estudio y de manera personal, sin intermediarios en relación al pago. No vamos a dar lugar a los vivos que viven de los más necesitados. En ello, que el área de empleo y capacitación está realizando una gran tarea de capacitación laboral para desarrollo humano», manifestó.
«Por su parte, el Servicio de Protección de Derecho no contaba con el convenio
marco actualizado con provincia, lo que generaba la precarización laboral de los
profesionales que allí trabajaban y una falta de respuestas a las demandas del poder judicial y de la sociedad en su conjunto. Cabe mencionar que había muy pocos profesionales de carrera en la labor municipal en general», añadió.
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Remarcó además que «algo que nos resulta increíble, es que no encontramos en el área social ninguna base de datos, registro, relevamiento o documentación respecto a quienes eran los beneficiarios de las ayudas sociales, a la cantidad de personas con discapacidad que hay en la ciudad, a la cantidad de adultos mayores, etc. Además de ello, encontramos solo alimentos vencidos y dos expedientes por un monto de 70 millones de pesos de dos supuestas compras de alimentos que se pagaron y que nunca se entregaron a los más necesitados. Hicimos la denuncia penal correspondiente y está actuando la justicia».
«Estamos revindicando al empleado municipal, mejorando paulatinamente sus
salarios y brindando la oportunidad de capacitación y aprendizaje, para trabajar y
desarrollarse dignamente en la vida», completó Merino.
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