En una sesión maratónica llevada a cabo en una sede alterna, la Cámara de Diputados de México aprobó la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, contó con el respaldo mayoritario del partido oficialista Morena y sus aliados. A pesar de las protestas y tensiones generadas, el dictamen fue aprobado con una sólida mayoría.
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Con 359 votos a favor y 135 en contra, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma que busca transformar profundamente el sistema judicial en México. Entre los puntos clave se encuentra la reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte y la modificación de su mandato de 15 a 12 años. Además, las elecciones populares para jueces y magistrados, la primera de ellas programada para 2025, marcan un cambio sin precedentes en el país.
La reforma no estuvo exenta de controversias. Desde ayer, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho bloquearon el acceso al recinto de la Cámara de Diputados, lo que obligó a los legisladores a sesionar en la Sala de Armas, un espacio deportivo ubicado al oriente de la capital. Además de las manifestaciones internas, la reforma provocó tensiones diplomáticas, particularmente con Estados Unidos, cuyo embajador, Ken Salazar, expresó su preocupación por el impacto que los cambios podrían tener en las relaciones comerciales entre ambos países.
Los mercados financieros reaccionaron negativamente a la reforma, con una fuerte caída del peso mexicano y el freno de inversiones estadounidenses en el país. A nivel político, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, sucesora de López Obrador, expresó su apoyo a las reformas y citó encuestas que indican que una parte importante de la población respalda los cambios. A pesar de la resistencia de la oposición, la mayoría parlamentaria de Morena permitió la aprobación de este ambicioso proyecto.
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La reforma también contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros de la Corte, un ajuste en sus salarios y la creación de nuevas instituciones para supervisar el Poder Judicial, como el Tribunal de Disciplina Judicial. Con estas medidas, López Obrador busca un Poder Judicial más transparente y accesible para los ciudadanos, aunque sus detractores advierten sobre el riesgo de politización del sistema judicial.
Fuente: DW.
Foto: Infobae.
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