La universidad excluyó a unos 3.000 aspirantes tras detectar irregularidades en el proceso digital de admisión y anunció un examen presencial adicional para quienes ya fueron seleccionados.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una crisis institucional luego de que su primer examen de admisión aplicado de forma completamente virtual, realizado entre mayo y junio, quedara envuelto en acusaciones de fraude masivo. La universidad frenó la apertura de inscripciones prevista para el 27 de julio y confirmó que había excluido a unos 3.000 aspirantes, el 2% de los 158.712 exámenes realizados, por vulnerar las reglas del proceso.
La polémica escaló luego de que circularan en redes sociales videos que incitaban a burlar el examen, incluidos algunos donde se explicaban métodos para evadir la verificación de identidad frente a la cámara. En ese contexto, el rector Leonardo Lomelí instaló una Comisión Técnica de 16 académicos para revisar todo el proceso y anunció que los aspirantes seleccionados deberán presentar un examen de control presencial, con el objetivo de confirmar que no contaron con ayuda que los pusiera en ventaja frente al resto.
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La situación generó movilizaciones de posturas encontradas: mientras un grupo de aspirantes excluidos marchó exigiendo la repetición del examen de forma presencial, otro grupo de familias de estudiantes ya admitidos se manifestó para defender la validez de sus resultados. El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, reconoció «una atipicidad en los resultados» vinculada al componente tecnológico del proceso, aunque aclaró que la modalidad virtual funcionó sin inconvenientes en otras instituciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a que la Fiscalía General de la República intervenga si la UNAM lo solicita, con la mirada puesta en Territorium Life, la empresa a cargo de la plataforma del examen. Según una investigación del diario El Universal, el contrato con la firma —de hasta 101,7 millones de pesos— permitía que un solo supervisor monitoreara a 150 aspirantes de manera simultánea, pese al compromiso de garantizar una fiscalización en tiempo real mediante inteligencia artificial.
Especialistas consultadas coincidieron en que el caso expone los límites de delegar la seguridad de un proceso educativo únicamente en la tecnología. Cimenna Chao, de la Universidad Iberoamericana, advirtió que ningún sistema de supervisión a distancia garantiza por sí solo la integridad del proceso, mientras que la especialista Nancy Salazar señaló que el error de fondo no fue incorporar inteligencia artificial, sino delegar el diseño del proceso sin definir previamente los riesgos y los mecanismos de supervisión humana.
Con información de France 24.
