El Gobierno Nacional ha decidido suspender por 90 días la resolución que permitía el ingreso de carne con hueso y material genético a la Patagonia, una región reconocida por estar libre de fiebre aftosa sin vacunación.
Esta medida se tomó tras la presión ejercida por los gobernadores de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, quienes expresaron su preocupación por los posibles riesgos sanitarios y económicos que podría acarrear la normativa. Durante este período de suspensión, se establecerá una mesa de diálogo entre autoridades provinciales y dirigentes ruralistas para evaluar la situación.
La resolución 180, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Pablo Cortese, presidente del Senasa, buscaba reducir el precio de la carne en la región patagónica al permitir el ingreso de productos desde zonas que vacunan contra la fiebre aftosa. Sin embargo, los productores patagónicos alertaron sobre el potencial perjuicio a los mercados internacionales que valoran el estatus sanitario de la Patagonia.
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Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, calificó la medida como «inconsulta y arbitraria», tomada sin considerar los intereses de la región. Por su parte, Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, advirtió que la decisión podría poner en riesgo un esfuerzo de más de 20 años para mantener un estatus sanitario reconocido mundialmente.
La preocupación también se extendió a los productores locales. Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, expresó sentirse «aturdido» y «traicionado» por la medida, destacando que la protección de la barrera sanitaria ha sido fundamental para acceder a mercados internacionales exigentes.
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Además, Daniel Lavayen, dirigente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, señaló que la resolución podría afectar negativamente las exportaciones de la región y que la medida fue una sorpresa, ya que en reuniones anteriores el Gobierno había asegurado que no habría modificaciones en la barrera sanitaria.
La suspensión de la medida por 90 días permitirá un espacio de diálogo para analizar las implicaciones de la resolución y buscar soluciones que beneficien tanto a los productores como a los consumidores, sin comprometer el estatus sanitario de la Patagonia.
Fuente: La Nación.


