El Gobierno nacional implementó una reforma en los mecanismos de contratación de obra pública, con el objetivo de simplificar los procesos, fomentar la competencia y erradicar prácticas de cartelización.
La Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones, publicada en el Boletín Oficial, reglamenta los nuevos criterios que regirán la adjudicación de contratos estatales.
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La normativa forma parte del Decreto 206/25 y fue impulsada por el Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger. El funcionario sostuvo que “durante 70 años imperó un sistema de cartelización protegido por ley” y destacó que con esta reforma “se eliminan las barreras de entrada para nuevos jugadores, tanto locales como del exterior”.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la “capacidad constructiva” como requisito, lo que históricamente restringía la participación a un grupo reducido de empresas con experiencia en obra pública. Ahora, las firmas sin antecedentes locales podrán competir ofreciendo garantías o respaldo patrimonial, incluso si solo han trabajado en el sector privado o en otros países.
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Además, se crea un nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), que reemplazará antiguos registros y exigirá la inscripción obligatoria de todos los interesados en contratar con la Administración Nacional, incluyendo proveedores, contratistas y concesionarios. Esto busca transparentar el ecosistema de contrataciones públicas.
La normativa también flexibiliza la calificación de los contratistas, eliminando exigencias como presentar documentación de hasta diez años de antigüedad. Bajo el nuevo esquema, se priorizarán antecedentes recientes y se dará el mismo valor a obras públicas y privadas para evaluar la capacidad de ejecución de una empresa.
Fuente: Noticias Argentinas.