Foto: Ministerio Público Fiscal Chubut.
El planteo de incompetencia de la Justicia Provincial, presentado por uno de los defensores, derivó en un cuarto intermedio que postergó el avance del proceso.
La audiencia preliminar en la causa por presuntos hechos ilegales en la reparación de escuelas públicas tuvo este miércoles un nuevo retraso en Rawson. El planteo de incompetencia de la Justicia Provincial, presentado por uno de los defensores, derivó en un cuarto intermedio que postergó el avance del proceso.
La jueza de garantías Karina Breckle otorgó un plazo de 20 días hábiles al Ministerio Público Fiscal para que reconsidere la “incompetencia parcial” solicitada por el abogado penalista Romano Cominetti. El letrado sostiene que los fondos para las obras fueron enviados por Nación y que, por lo tanto, debería intervenir la Justicia Federal.
Cominetti representa a Maximiliano García, ex funcionario del Ministerio de Educación provincial al momento de los hechos investigados. La magistrada calificó el planteo como “sorpresivo”, al señalar que la causa fue abierta hace ya dos años y que hasta el momento no se había cuestionado la competencia del fuero provincial.
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En paralelo, fue desestimado como querellante el titular de la Oficina Anticorrupción de la Provincia, Diego Carmona, quien no se presentó a la audiencia preliminar pese a haber sido notificado en diciembre. La Oficina Judicial le otorgó un margen de espera, pero no hubo justificación formal de su ausencia.
La investigación se originó tras un escape de monóxido de carbono en la Escuela 93 de El Maitén, que puso en riesgo a alumnos y docentes. A partir de ese episodio, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública avanzó sobre presuntas maniobras de direccionamiento de obras en establecimientos educativos de la cordillera.
En total, hay nueve imputados: dos empresarios y siete ex funcionarios de los ministerios de Educación e Infraestructura. Se les atribuyen delitos como defraudación por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público, con un perjuicio estimado en 20 millones de pesos. Según la acusación, se habría simulado la legalidad de compulsas de precios para adjudicar obras previamente acordadas.
Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.
