El CELS, la APDH y diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos enviaron una carta al gobernador Mariano Arcioni exigiendo la derogación de los protocolos de actuación policial.
Repasaron que se encuentran vigente la Resolución 145-2020 de utilización de armas de fuego en situaciones con agresiones con arma blanca y la Resolución 172-2018 de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones.
En cuanto al uso de armas de fuego, repasaron que es “un retroceso en materia de control de uso de la fuerza letal” y “recupera directivas y criterios de intervención previstos en la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación -que fue- derogada por la actual gestión en diciembre de 2019”.
Además, la resolución chubutense “suma nuevos elementos que redundan en una ampliación de los supuestos para la utilización del arma de fuego”, como la amenaza con “elementos contundentes”.
“El protocolo provincial se aparta de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, fijados por la normativa local e internacional”, añadieron en el escrito presentado al Gobernador.
Además, va contra “los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe a los Estados privar arbitrariamente de la vida a las personas”.
Por su parte, el protocolo para la actuación en manifestaciones públicas “sigue prácticamente a rajatabla el texto que la gestión a cargo de Patricia Bullrich quiso aprobar en 2016, pero no llegó a formalizar”.
Este protocolo “implica un claro límite al ejercicio de derechos fundamentales en una sociedad democrática como la libertad de expresión, de reunión y el ejercicio de la libertad de prensa. Es incompatible con la Constitución y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos”.
La norma “plantea problemas muy graves: amplía los márgenes de la intervención y discrecionalidad policial para penalizar el ejercicio de la protesta sin necesidad de una orden judicial”.
También, “omite dar indicaciones claras sobre al uso de las armas denominadas ‘menos letales’ y la capacidad de daño de su utilización –y- afecta el trabajo periodístico ya que es la propia policía la que puede indicar a los trabajadores de prensa dónde ubicarse”.
Además, “no establece medidas respecto de la identificación del personal policial, como la obligatoriedad de uso de uniforme e identificación que permita individualización del personal interviniente”.
Por todo esto “es muy preocupante que Chubut desarrolle protocolos para guiar la actuación policial replicando instrumentos de una pobreza técnica alarmante y de una clara orientación represiva, que por otra parte ya han sido derogados y superados por la nueva gestión nacional”.
Asimismo, advierten que estos protocolos se encuentran vigente en medio de una “creciente conflictividad social, con genuinos reclamos del pueblo de Chubut –por lo que- resulta inadmisible que la Provincia sostenga normativas que se oponen a derechos constitucionales y a leyes nacionales y locales”.
Es por ello que se reclamó al Primer Mandatario provincial que se deroguen las normativas.
El documento fue firmado por el CELS, la APDH, la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia Chubut, la Secretaría de DD HH de CTA Autónoma Chubut, H.I.J.O.S. Puerto Madryn, Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Red por la Identidad Esquel, Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE) y la Asociación Civil INSTITUTO FUTALEUFU.
